La Contraloría General de la República formuló cargos en contra de María Elena Sepúlveda, directora (s) del Hospital del Salvador, en medio del sumario abierto por el organismo fiscalizador tras la atención preferencial que recibió la mamá de la exministra de Salud, Ximena Aguilera.
De acuerdo con información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el ente de control notificó recientemente a la profesional por graves faltas a la probidad que fueron detectadas durante el proceso administrativo, originado en una cirugía exprés en favor de la paciente.
“Nos apegamos estrictamente a lo que nos exige la ley y el cuidado de los pacientes, sin hacer ninguna gestión ajena a lo pertinente. Por mi parte no hubo ni habrá nunca ninguna diferencia, ni en favor ni en contra de ninguna persona, porque a lo que estamos llamados es a cuidar a nuestros pacientes”, se defiende Sepúlveda.
El informe confidencial
Según se desprende de un informe confidencial de la CGR, Sepúlveda tuvo una participación directa en los hechos acaecidos el 23 de diciembre de 2025. Fue, por ejemplo, una de las autoridades contactadas anticipadamente por el jefe de asesores de la entonces ministra, Manuel Nájera De Ferrari, y coordinó con sus subalternos los pasos a seguir ante la inminente llegada de la usuaria.
“Producto de la información proporcionada con antelación por el jefe de asesores de la ministra de Salud a las referidas autoridades del HDS, se establecieron coordinaciones internas entre la directora (S), el jefe de la Unidad de Emergencia y la enfermera jefa de Urgencia ante la llegada de la paciente al hospital”, reza el documento develado por esta Unidad de Investigación en marzo de este año.
Si bien no existe claridad respecto del detalle de los cargos que le formularon a la autoridad hospitalaria —quien además es madre del diputado Diego Schalper (RN)—, en su informe de investigación especial la Contraloría estableció, en base a la declaración de una funcionaria, que —ante la falta de documentación formal para gestionar el ingreso administrativo desde Urgencia hacia hospitalización— fue ella quien instruyó que ese trámite se resolvería con posterioridad.
Esa decisión, señala el informe de la Contraloría, derivó en un registro irregular en la ficha clínica de la madre de Aguilera que más tarde debió ser enmendado. Todo ello implicó que el proceso de ingreso de la paciente se saltara los protocolos que rigen para el resto de los usuarios.
Seis horas
La formulación de cargos contra Sepúlveda marca el inicio de la etapa de defensa por parte de la funcionaria. Según arguyó el hospital durante la indagatoria, las comunicaciones del jefe de gabinete de la otrora secretaria de Estado no provocaron atención preferente alguna del hospital, “toda vez que no existió instrucción alguna en tal sentido”.
Pese a ello, la CGR estipuló que el tiempo de espera de otras personas con un diagnóstico similar era de casi 41 horas. Incluso, hubo personas que llevaban hasta más de 123 horas aguardando por una cama básica. Por ejemplo, hubo una paciente de 89 años que ingresó el 21 de diciembre. Dos días antes que la madre de la exministra Aguilera. La mujer estaba en el mismo nivel de emergencia y con un diagnóstico similar. Pero en su caso, su tiempo de espera fue de 45:22 horas.
La mamá de la entonces ministra esperó menos de seis.
“No dice relación alguna con lo que aconteció”
Consultada María Elena Sepúlveda manifestó que desea ser “cautelosa” para “no entorpecer” la defensa que está llevando adelante frente a la Contraloría.
“Vamos a dejar muy claro que hicimos lo que correspondía frente a una situación muy compleja, de momento que la ministra de Salud de la época se presentó personalmente en el hospital”, indicó.
Y agregó:
“Nos apegamos estrictamente a lo que nos exige la ley y el cuidado de los pacientes, sin hacer ninguna gestión ajena a lo pertinente. Por mi parte no hubo ni habrá nunca ninguna diferencia ni en favor ni en contra de ninguna persona, porque a lo que estamos llamados es a cuidar a nuestros pacientes”.
En esa línea, dijo confiar en que la información que le proveerá a la Contraloría en su respuesta “será lo suficientemente contundente para desvirtuar las aseveraciones” que se le atribuyen y que “no dicen relación alguna con lo que aconteció”.
Desde el organismo fiscalizador, en tanto, indicaron que “conforme a la ley los sumarios administrativos son procedimientos de carácter secreto”. “Por dicha razón no es posible atender dicha consulta, hasta que el proceso esté afinado”, sentenciaron.
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