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Hay materias en las que un país puede legítimamente tener diferencias. Los modelos de desarrollo, las prioridades presupuestarias, las reformas sociales o el rumbo de un gobierno forman parte del debate democrático. La soberanía nacional, en cambio, no puede depender de quién gobierna ni de las conveniencias de una coyuntura política. El Estrecho de Magallanes es una de esas materias.
Durante las últimas semanas, la controversia con Argentina ha vuelto a instalar una discusión que Chile debiera tener resuelta hace mucho tiempo. Y, jurídicamente, la tiene resuelta: los tratados de 1881 y de Paz y Amistad de 1984 establecen el régimen aplicable al Estrecho de Magallanes y la soberanía chilena sobre su totalidad. Eso no está en discusión.
Precisamente por eso resulta incomprensible que un decreto argentino mantenga una referencia a un supuesto “control conjunto” sobre el Estrecho. Y resulta igualmente insuficiente que, cinco años después de dictado ese decreto, Chile continúe esperando que Argentina corrija formalmente aquello que contradice instrumentos internacionales plenamente vigentes.
La declaración conjunta realizada recientemente por ambos gobiernos, en la que Argentina reconoce expresamente que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho corresponde a Chile, es una señal política importante. Pero una declaración diplomática no puede convertirse en sustituto de la acción que todavía está pendiente.
Porque las cosas deben llamarse por su nombre: mientras el Decreto 457 siga vigente en los términos que Chile ha objetado, existe una contradicción que Argentina tiene la obligación de corregir. Y Chile tiene la obligación de exigir que lo haga.
Aquí aparece un problema que trasciende la discusión jurídica y entra directamente en el terreno de la conducción política. La soberanía no se resguarda solamente teniendo la razón. También se resguarda ejerciéndola, haciendo valer los tratados y reaccionando con oportunidad cuando otro Estado adopta decisiones que contradicen los derechos de nuestro país. Por eso es legítimo preguntarse si la Cancillería ha actuado con toda la firmeza que este asunto requería.
Sabemos que el Gobierno argentino ha manifestado su disposición a modificar el decreto. Sabemos también que esta situación no comenzó durante la actual administración chilena y que ha atravesado distintos gobiernos. Pero la continuidad de un problema no puede transformarse en una explicación para su permanencia. Cuando un gobierno asume la conducción del Estado, también asume los asuntos pendientes del Estado.
Y en política exterior, esperar indefinidamente también constituye una decisión.
No se trata de convertir la relación con Argentina en una competencia de declaraciones altisonantes ni de alimentar nacionalismos que históricamente han producido más problemas que soluciones entre nuestros pueblos. Chile y Argentina tienen una relación profunda, una frontera extensa, intereses económicos, ambientales, antárticos y estratégicos comunes. Precisamente porque esa relación es importante debe construirse desde el respeto irrestricto de los tratados y no desde ambigüedades territoriales.
Tampoco corresponde utilizar el Estrecho de Magallanes como munición para una disputa entre oficialismo y oposición.
La fiscalización al canciller es legítima. El Congreso tiene no solo el derecho, sino el deber de preguntarle al Ejecutivo qué acciones realizó, cuándo las realizó, qué compromisos obtuvo de Argentina y por qué una situación conocida desde hace años todavía no encuentra una solución definitiva. Que exista una posición de Estado en defensa de la soberanía chilena no significa renunciar al control político sobre la forma en que cada gobierno la ejerce.
Defender una misma posición como país y fiscalizar la actuación del Ejecutivo no son cosas incompatibles. Al contrario: exigir una conducción firme, oportuna y transparente también forma parte de la defensa de nuestros intereses nacionales.
La eficacia de un canciller puede ser evaluada. La conducción de un gobierno puede ser cuestionada. Incluso pueden determinarse responsabilidades políticas. Lo que debe permanecer fuera de esa disputa es la posición permanente de Chile. En eso debemos hablar con una sola voz.
Y esa voz debe decir algo muy sencillo: el Estrecho de Magallanes es chileno. No porque lo diga este gobierno, el anterior o el que venga después. Lo es porque así lo establecen tratados internacionales vigentes que ambos Estados están obligados a respetar.
Para quienes representamos a las regiones del sur de Chile, además, esta discusión no es una abstracción cartográfica ni diplomática. La soberanía tiene territorio, comunidades, historia y futuro. Magallanes no puede aparecer en la política nacional solamente cuando surge una controversia internacional. Defender nuestra soberanía también significa fortalecer nuestra presencia efectiva en los territorios australes, desarrollar infraestructura, ciencia, conectividad, capacidad marítima y una política antártica consistente.
Un país no ejerce soberanía únicamente mediante declaraciones. La ejerce habitando, protegiendo, desarrollando y proyectando sus territorios. Por eso nuestra exigencia debe ser doble.
A Argentina, que cumpla sus compromisos y elimine definitivamente de su normativa cualquier formulación incompatible con los tratados vigentes.
Y al Gobierno de Chile, que defienda nuestra posición con transparencia, diligencia y firmeza, informando además al Congreso y al país sobre las gestiones realizadas.
Las relaciones entre gobiernos cambian. Los presidentes pasan. Las mayorías políticas también. El territorio permanece.
La soberanía, por eso, no puede administrarse según el calendario electoral ni descansar únicamente en la buena voluntad diplomática de quienes circunstancialmente ocupan La Moneda o la Casa Rosada. Se hereda de quienes estuvieron antes, se ejerce mientras nos corresponde representar al país y se entrega intacta a quienes vendrán después. Eso es una política de Estado.
