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Si retrocediéramos hasta el Chile de finales del siglo pasado, tendríamos que reconocer que nuestro país, enclavado en el extremo sur del mundo, aportaba escasos hitos culturales a la memoria colectiva universal. Éramos reconocidos por la genialidad literaria de Mistral y Neruda, o por el halo místico de los moáis de Rapa Nui, pero, fundamentalmente, el mundo nos observaba a través del prisma de un golpe de Estado militar que produjo consecuencias estructurales irreparables en el ámbito de los derechos humanos.
Sin embargo, nuestro territorio ha poseído desde siempre acervos patrimoniales de gran trascendencia, como aquellos vinculados al registro documental identitario de nuestra historia, los cuales estuvieron descansando en la penumbra de las bóvedas y que aportan de manera significativa a la forja de la memoria del mundo.
La iniciativa de la Unesco contra la amnesia colectiva
Afortunadamente, el siglo XXI trajo consigo importantes acciones institucionales para enaltecer nuestra cultura a través de la memoria documental. En este contexto, el reciente llamado a postulación en la Segunda Convocatoria del Registro Nacional de Memoria del Mundo Unesco Chile (MOWChile 2026) constituye una nueva oportunidad para trascender como país dentro del importante archivo identitario global.
Esta recopilación del registro histórico chileno, encabezada por el Comité Nacional de Memoria del Mundo de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), es una iniciativa establecida el año 2001 bajo el auspicio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con el objeto de implementar, a nivel país, los principios y objetivos del Programa Memoria del Mundo, creado por dicho organismo internacional en 1992 con el fin de salvaguardar los registros historiográficos de la humanidad frente al abandono y la amnesia colectiva, haciéndolos accesibles de manera permanente y sin obstáculos.
Sin embargo, al indagar en los registros MOW de la Unesco, el acervo documental de la historia de Chile resulta ser de una exigüidad incomprensible. Esto, pese a que el año pasado se realizó la primera convocatoria nacional MOWChile 2025, en la cual nuestro país contribuyó con diecinueve hitos documentales históricos, los cuales fueron aprobados por la Unesco para integrar el Registro de la Memoria del Mundo. Cabe señalar que, por increíble que parezca, estos documentos aún no han sido ingresados al archivo debido a que la propia institución admite su incapacidad logística y financiera para procesar el creciente volumen de solicitudes de inscripción que recibe anualmente desde todo el globo.
Por lo tanto, durante los veinticinco años transcurridos desde la creación del Comité Nacional, solo existen en la plataforma de la Unesco tres archivos documentales pertenecientes al patrimonio identitario chileno en la categoría de valor universal excepcional: el Fondo documental de los Jesuitas de América (siglos XVII y XVIII); el Archivo de Derechos Humanos de Chile (1973-1989); y las Colecciones de Lira Popular chilena realizadas entre 1880 y 1920.
El inevitable sesgo interpretativo de los registros
Si bien figurar como país en los registros de la historia documental del mundo bajo el sello de la Unesco representa un galardón que confiere prestigio e impulsa nuestro desarrollo cultural, resulta imposible mantener la estricta imparcialidad en la narrativa de los instrumentos ingresados; cualquier documento de la memoria que sea postulado y archivado estará sometido, querámoslo o no, a un sesgo ineludible.
Tomando como ejemplo la tríada de registros nacionales antes mencionados, se infiere que los Archivos de los Derechos Humanos son, esencialmente, la voz de la resistencia ante el terrorismo de Estado; asimismo, que el Fondo de los Jesuitas destila una visión colonial y evangelizadora; y que la Lira Popular es el retrato de nuestra historia desde la marginalidad de clase.
Por ende, desde un enfoque más objetivo, podemos rescatar que el valor de dichos acervos reside en su capacidad de testimoniar, desde trincheras ideológicas contrapuestas, los conflictos que forjaron nuestra identidad como territorio colonizado.
El centralismo archivístico y la cicatriz de La Araucanía
Un ejemplo local inexcusable de fracturas interpretativas es la narración sesgada de un registro documental de La Araucanía titulado Fondo documental de la Comisión Radicadora de Indígenas (1884-1930). Este archivo, que reúne los títulos de merced y expedientes generados por el Estado para asentar al pueblo mapuche tras la ocupación militar, fue integrado al Registro de Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe por la Unesco (MOWLAC) en el año 2015.
En este caso, el problema estructural surgió cuando el Estado chileno, al gestionar los expedientes de la Comisión Radicadora, trató de ocultar su propia carga ideológica bajo el velo de un trámite administrativo neutral, negando así la naturaleza asimétrica y violenta del proceso de despojo. Esto constituye, en estricto rigor, una herida abierta en papel que explica —sumada a otras causas— el conflicto territorial todavía vigente.
Efectivamente, a través de este registro se evidencia una fría verdad sobre la maquinaria estatal, destinada a crear «reservaciones indígenas» que le permitieran liberar extensas áreas de territorio para la colonización, confinando a las comunidades a terrenos de minúscula superficie frente a lo que fuera su territorio ancestral. Por lo demás, durante el proceso se llevaron a cabo argucias legales, engaños y compras fraudulentas de derechos para arrebatar las tierras reconocidas por el propio Estado durante la llamada «Pacificación de la Araucanía».
Luego, con el fin de evadir la responsabilidad subsecuente, esos registros fraudulentos sufrieron intentos de eliminación mediante incendios provocados en oficinas públicas ante la vista y el silencio estatal. Afortunadamente, los acervos fueron rescatados y resguardados dentro del Archivo General de Asuntos Indígenas de la Conadi, organismo creado a partir de la nueva institucionalidad surgida en 1993 tras el retorno a la democracia.
En aquel entonces, un equipo conformado por historiadores, archiveros y comunidades indígenas se encargó de proteger la memoria identitaria contenida en dichos documentos, declarados posteriormente Monumento Nacional en la categoría de «Monumento Histórico» mediante el Decreto N° 1620 publicado el 23 de noviembre del año 2005. En este, se dictamina que dichos registros oficiales constituyen un patrimonio histórico de los pueblos indígenas de Chile para la investigación multidisciplinaria y la producción de bienes simbólicos de interés, tanto para las comunidades mapuche directamente involucradas como para el país en general.
Del ejemplo anterior se infiere que impulsar registros de esta envergadura tiene el potencial de sacar chispas en la contingencia sociopolítica, pues desafía la narrativa oficial y demuestra que documentar la memoria es un campo de batalla en constante interpretación.
La identidad se forja desde la verdad
Elevar hacia la memoria colectiva testimonios controversiales acerca de los orígenes identitarios de un territorio desde la transparencia y la verdad es un acto de soberanía cívica que dignifica a una nación y que propende al diálogo, al respeto de los derechos y libertades y, en consecuencia, a una auténtica evolución cultural. Porque, aunque suene a cliché citar aquella máxima de Santayana: «Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo», resulta igualmente preocupante la reflexión de Hegel, que enuncia: «Lo que aprendemos de la historia es que los pueblos no aprenden de ella».
Es de esperar, por lo tanto, que esta segunda Convocatoria al Registro Nacional de la Memoria del Mundo trascienda desde un galardón simbólico hacia políticas de entendimiento y conservación irrestrictas, para que así la memoria documental de Chile se consolide como un pilar inquebrantable de nuestro verdadero patrimonio inmaterial, permaneciendo entre los hitos de la civilización humana para las futuras generaciones.
