La ofensiva judicial de exdiputado Fuenzalida: pide audiencia para conocer investigación en su contra

El exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida Cobo, activó una ofensiva judicial y solicitó una audiencia de cautela de garantías para conocer la solicitud que permitió el allanamiento a sus oficinas a fines del mes recién pasado.

De acuerdo con la presentación ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, hasta ahora su defensa —a cargo del penalista Nelson Salas Stevens— no ha podido acceder a la petición de la fiscal Constanza Encina, con la que la justicia otorgó la orden de entrada y registro del 23 de junio de 2026.

“La defensa requirió a S.S. copia de la solicitud fiscal, para efectos de conocer los motivos por los cuales S.S autorizó la transgresión a su privacidad, intimidad y derecho a la propiedad, sin embargo, dicha petición fue denegada por encontrarse la causa reservada con diligencias pendientes de plazo”, detalla el escrito.

A juicio, los argumentos para no otorgar copia de la solicitud del ente persecutor fueron confundidos. “Una cuestión es la reserva o confidencialidad de la causa ante el tribunal, que se encuentra regulada en el Auto Acordado 16/2017 sobre reserva o confidencialidad de la información en los procesos, y otra el secreto de la investigación en sí regulado en el artículo 182 del Código Procesal Penal”, detallan.

Y aunque eventualmente la solicitud de entrada y registro haya sido declarada secreta por el fiscal, explica Salas, “el inciso cuarto de la misma disposición permite al imputado pedir al juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare”.

La “cuota” Fuenzalida

Según ha trascendido públicamente, al excongresista se le investiga por la supuesta devolución de dineros en efectivo por parte de sus asesores parlamentarios y por el uso de la plataforma digital Socialtazk como una “pantalla vacía” financiada con recursos públicos.

De acuerdo con la declaración que prestó su jefa de gabinete, develada por Mega, entre 2023 y 2024 el parlamentario gremialista le otorgó un “adicional al sueldo” mediante anexos de contrato visados por la Cámara de Diputados, el cual ascendía a una cifra entre 350 y 400 mil pesos. Sin embargo, ese dinero no era para ella.

“Era un adicional que debía traspasárselo a él. En ese sentido era muy reservado y solo me daba instrucciones (…). Luego yo debía girar ese monto en efectivo y se lo pasara personalmente si tenía la oportunidad cuando era semana distrital, y si no, me pedía que fuera al banco y la depositara en una ventanilla en efectivo, a una cuenta suya del Banco Santander. Nunca me pidió una transferencia, siempre fue en efectivo”, confesó la testigo.

La exasesora indicó que el mecanismo se detuvo cuando ella manifestó su incomodidad por lo que consideraba un acto incorrecto, desatando la molestia del legislador. Tras esto, acusó que el exdiputado replicó la práctica con su secretaria y con su propia pareja, a quien también habría contratado con cargo al personal de apoyo.

Así las cosas, el abogado defensor -a través de su presentación pidió fijar audiencia de cautela de garantías para conocer el contenido de la solicitud del persecutor.