La Fiscalía le hizo las primeras ofertas de juicio abreviado a la ex candidata a gobernadora regional de la Región Metropolitana, Karina Oliva Pérez, formalizada en 2021 junto a 11 ex militantes de Comunes por presunto fraude de subvenciones durante su campaña.
El caso estalló en noviembre de 2021 cuando el medio CIPER reveló que siete militantes de Comunes habrían rendido boletas por $137 millones en la campaña de la a gobernadora, que llevó a una revisión por parte del Servel y la apertura de una arista penal, con la tesis de que Oliva y su equipo habrían abultado gastos para obtener devoluciones improcedentes por parte del Servicio Electoral.
Tras dos años de investigación, el Ministerio Público decidió formalizar a 12 ex militantes del disuelto partido Comunes –incluyendo al ex administrador electoral, ex presidente y ex secretaria ejecutiva del partido– quedando Oliva con las cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Finalmente en diciembre del año pasado, la Fiscalía anunció el cierre de la investigación y presentó su acusación, pidiendo siete años de cárcel para la ex candidata y abriendo la puerta a la preparación de un juicio oral o la opción de salidas alternativas.
Por ello el jueves se llevó a cabo una audiencia con el objeto de verificar un eventual acuerdo de procedimiento abreviado, presentando el Ministerio Público sus primeras ofertas. Asimismo, se fijó una fecha de audiencia de preparación de juicio oral que quedó para la mañana del próximo 8 de octubre. Durante los meses previos, los imputados y la Fiscalía tendrán la posibilidad de conversar sobre estas opciones y evitar el juicio oral.
Así lo confirmó el abogado Juan Carlos Manríquez –defensor de Oliva– en conversación con Radio Bío Bío, afirmando que “va a haber que analizar posibilidades de salidas alternativas, como procedimientos abreviados, que es usual en este tipo de casos cuando hay muchas personas”, agregando que en el mes de octubre habrá que dilucidar si se termina en una salida concentrada o si definitivamente se llegará a juicio oral.
Las acusaciones
Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado presentaron sus acusaciones contra Oliva y otros 11 ex militantes de Comunes.
De acuerdo a ambos escritos, la excandidata junto a exdirigentes y colaboradores de la campaña, habrían ejecutado una serie de maniobras destinadas a abultar y disfrazar gastos electorales para obtener devoluciones improcedentes del Servel.
Según los persecutores, el mecanismo habría operado durante la primera y segunda vuelta de la elección de 2021 mediante la presentación de boletas y facturas ideológicamente falsas, asociadas a servicios que no se habrían realizado o cuyos montos habrían sido aumentados artificialmente. Entre ellas se encuentran pagos declarados a miembros del comando, dirigentes del partido y asesorías de la Fundación Chile Movilizado, cuyos informes de respaldo supuestamente correspondían a plagios de trabajos elaborados por Criteria Research.
La Fiscalía y el CDE apuntan a Karina Oliva, Martín Miranda (ex administrador electoral), Jorge Ramírez (presidente) y Camila Ríos (secretaria ejecutiva) como quienes habrían tomado las principales decisiones sobre gastos y financiamiento, mientras que otros imputados habrían participado mediante la emisión de documentos cuestionados o la justificación de los servicios.
En total, acusan un perjuicio fiscal de cientos de millones de pesos y solicitan penas que, en el caso de Oliva y los principales acusados, llegan hasta los 7 años de cárcel por fraude de subvenciones reiterado.
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