La causa por presunto fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto dio un vuelco este martes. El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó sin efecto el cierre de la investigación y la acusación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén, ordenando reabrir la indagatoria por un plazo de 60 días para realizar nuevas diligencias.
La decisión supone un revés para el Ministerio Público, que hace solo unos días había solicitado 12 años de cárcel para el parlamentario e ingresado una nueva solicitud de desafuero para llevar el caso a juicio oral.
Con la resolución, el proceso vuelve a la etapa investigativa. Y eso tiene un efecto inmediato: la acusación queda sin efecto y, por ahora, tampoco puede seguir adelante la solicitud de desafuero presentada contra el senador, que tenía fecha de revisión para el próximo viernes.
Caso Calisto vuelve un paso atrás
La decisión del tribunal se da luego que este acogiera una solicitud presentada por la defensa de otro de los imputados de la causa, Felipe Klein, que pidió realizar diligencias que habían sido rechazadas por la Fiscalía.
A ello se suman otras actuaciones solicitadas por la defensa de Calisto y que el Ministerio Público aceptó efectuar en virtud del principio de objetividad.
Entre ellas figuran nuevas declaraciones de testigos, oficios a instituciones públicas, informes policiales, revisión de cuentas bancarias y peritajes de firmas, antecedentes con los que la defensa busca desvirtuar la tesis de la Fiscalía y las declaraciones de los excolaboradores del senador, Roland Cárcamo y Carla Graf.
El nuevo plazo de investigación se extenderá por 60 días.
El abogado del senador, César Ramos, sostuvo que la resolución confirma los cuestionamientos que venían realizando al cierre de la investigación.
“Precisamente en los últimos días nuestra posición como defensa del senador ha sido reclamar en todas las instancias posibles la existencia de un cierre intempestivo de la investigación que nos dejó sin la posibilidad de solicitar diligencias frente a antecedentes de los que no teníamos conocimiento”, afirmó.
Según explicó, la reapertura permitirá desarrollar actuaciones que, a juicio de la defensa, son fundamentales antes de definir si corresponde o no acusar al parlamentario.
“El hecho de que hoy la investigación haya sido reabierta por resolución judicial da cuenta de que hay un espacio de tiempo, en este plazo de 60 días, para que se realicen diligencias investigativas que tiendan al objetivo de refutar la imputación efectuada por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado”, señaló.
Ramos agregó que ya solicitaron diversas diligencias, las que serán discutidas en una audiencia fijada para el próximo 27 de julio.
“Son variadas las diligencias, entre ellas oficios a instituciones públicas, declaraciones de testigos y realización de informes policiales que esperamos tengan el efecto de demostrar la absoluta inocencia del senador Miguel Ángel Calisto”, sostuvo.
¿Qué pasará con el desafuero del senador?
Uno de los efectos más relevantes de la resolución es el impacto sobre el desafuero del parlamentario.
La Fiscalía había solicitado nuevamente el desafuero de Calisto luego de presentar la acusación, ya que el senador adquirió un nuevo fuero constitucional al asumir su actual cargo, pese a haber sido desaforado cuando era diputado.
Sin embargo, al quedar sin efecto el cierre de la investigación, también desaparece el presupuesto legal que permite pedir el desafuero.
“La acusación y una solicitud de desafuero, por mandato constitucional y legal, tienen como premisa ineludible la existencia de una investigación cerrada. Ese estado de investigación cerrada es el que hoy fue revertido por parte del Juzgado de Garantía de Coyhaique”, explicó Ramos.
Y añadió: “Hoy la investigación no está cerrada, está reabierta y, en consecuencia, se debe dejar sin efecto tanto la acusación presentada como también la solicitud de desafuero”.
Para la defensa, incluso la audiencia fijada para este viernes en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde debía revisarse el desafuero del senador, debería quedar sin efecto.
La investigación se originó por un presunto esquema de fraude al fisco ocurrido entre 2018 y 2022, cuando Miguel Ángel Calisto era diputado.
Según la Fiscalía, el parlamentario habría concertado un mecanismo junto a su exjefe de campaña, Roland Cárcamo, y la asesora Carla Graf para obtener recursos públicos mediante asesorías parlamentarias que, de acuerdo con la investigación, nunca fueron realizadas.
El Ministerio Público sostiene que Graf actuó como una “funcionaria fantasma”: recibía pagos del Congreso por asesorías presuntamente ficticias y parte de esos recursos habrían sido transferidos posteriormente a Calisto y Cárcamo.
Con la reapertura decretada por el tribunal, la Fiscalía deberá completar las nuevas diligencias antes de decidir nuevamente si cierra la investigación y presenta una nueva acusación contra el senador.
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