El juego del palitroque

Otro round ha terminado. La acusación constitucional al exministro de Hacienda Nicolás Grau fue rechazada en el Senado, con algunos votos de derecha ¿Qué ganó la política? Nada. ¿Qué ganó el país? Menos que nada. Fue la repetición de un tipo enfrentamiento que parece ser jugado para uso y consumo exclusivo de la clase política, erosionando el profundo significado de dicho instrumento republicano.

La acusación constitucional nació para las horas graves de la República, no para corregir declaraciones desafortunadas, castigar torpezas administrativas ni cobrar cuentas políticas al adversario de turno. Es un instrumento mayor, de envergadura institucional, pensado para hacer efectiva una responsabilidad excepcional, como lo es la infracción de la Constitución o de las leyes, notable abandono de deberes, vulneración grave de derechos o conductas incompatibles con la función pública. Considerables faltas políticas que escapan a una sanción penal o civil.

No fue creada para reemplazar el debate político, la crítica o interpelación parlamentaria, y ni menos el juicio ciudadano en las urnas. Sin embargo, en los últimos años se ha venido convirtiendo en una suerte de artillería de uso corriente, disponible en el menú del Congreso para dispararla apenas se juntan diez firmas, una minuta apurada y un buen titular de prensa.

Las cifras ayudan a esclarecer esa aseveración. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se registró una intensa utilización de este mecanismo, incluyendo dos acusaciones constitucionales dirigidas contra el propio Presidente. Una en 2019, por su actuación durante el estallido social y las violaciones de derechos humanos, que naufragó tempranamente en la Cámara al acogerse la cuestión previa. Y otra en 2021, vinculada al caso Dominga/Pandora-Papers, que sí avanzó mucho más lejos, fue aprobada por la Cámara y terminó rechazada en el Senado al no alcanzar el quórum requerido.

En el gobierno de Gabriel Boric, por su parte, la oposición convirtió también la acusación constitucional en recurso frecuente contra autoridades del Ejecutivo. Siches, Jackson, Ríos, Ávila, Montes, Tohá, Maya Fernández, Gonzalo Durán, Pardow y Grau fueron los blancos elegidos en sagas costosas y políticamente agotadoras.

El punto no es defender a unos y acusar a otros. Es demasiado fácil, y algo mañoso, invocar la majestad de la Constitución cuando gobiernan los propios y olvidar los modales republicanos cuando gobierna el adversario. La izquierda abusó de este recurso durante el segundo gobierno de Piñera. La derecha hizo lo mismo durante el gobierno de Boric. Ahora, bajo el gobierno de Kast, la tentación amenaza con seguir girando la misma rueda, solo que con otros jugadores sentados a la mesa.

Conviene recordar, porque la memoria política chilena suele durar lo que duran las noticias, que la segunda acusación contra Sebastián Piñera, la de 2021, estuvo bastante más cerca de provocar un desenlace mayor. Habría significado la destitución de un Presidente en ejercicio, en medio de una crisis social, sanitaria y política todavía abierta. Nadie debería tomar a la ligera lo que eso habría provocado: un trastorno institucional de gran magnitud, con efectos internos e internacionales, no solo sobre un mandatario determinado, sino sobre la estabilidad del sistema completo.

Que un Presidente pueda ser removido si incurre en infracciones gravísimas es una garantía democrática, pero que esa posibilidad sea usada como recurso de presión permanente es otra cosa, al límite de una ruleta institucional. El Perú de la última década enseña, con sus cuatro presidentes destituidos y una inestabilidad política que persiste y que ha impedido el despliegue de proyectos políticos de largo respiro.

He escrito antes sobre el antiguo juego del palitroque (los más jóvenes lo pueden encontrar en Google), que consistía en derribar piezas del adversario, una por una, hasta hacer tambalear al capitán que se ponía adelante. En política, sería primero un ministro, luego otro, después el jefe político, más tarde el Presidente rozado por el derrumbe. Es una lógica eficaz para el aplauso de los propios, pero ruinosa para gobernar un país.

La acusación deja entonces de ser un juicio de responsabilidad política y se convierte en una táctica de desgaste del gobierno. El Congreso pierde semanas, las comisiones se llenan de abogados (pagados), los ministros dejan de gobernar para preparar defensas, los servicios públicos entran en modo alerta. En los dos últimos gobiernos ha habido 15 acusaciones (solo una fue aprobada totalmente) y el Congreso gastó 14 meses de su tiempo en tramitarlas.

Por cierto, no toda crítica a una autoridad es pura majadería, hay responsabilidades políticas reales, negligencias graves, abandono de funciones. Hay casos en que un ministro no solo se equivoca, sino que incumple deberes esenciales. El problema reside en confundir esas categorías. Un error de cálculo no es automáticamente una infracción constitucional o una mala e inexperta gestión no equivale siempre a notable abandono de deberes. Una diferencia entre técnicos, incluso notoria, no transforma por sí sola a un ministro en imputado político. Para eso existen otros instrumentos, como la fiscalización ordinaria, las comisiones investigadoras, la Contraloría, la responsabilidad administrativa, e incluso la renuncia política cuando el daño es evidente.

El caso Grau muestra bien este límite. Se le puede discutir al exministro su manejo fiscal, su lectura del escenario económico, la calidad de sus proyecciones o la oportunidad de ciertas decisiones. Todo eso pertenece al debate político y técnico. Pero una acusación constitucional requiere otra vara, exige probar una infracción nítida, no simplemente una proyección fallida, un cuadro fiscal mal estimado o una discrepancia sobre metodología. De lo contrario, cualquier ministro de Hacienda quedaría expuesto a una acusación cada vez que la realidad corrige la hoja de cálculo.

Aquí aparece el otro riesgo: la revancha. El diputado Jorge Brito advirtió que la acusación contra Grau podía abrir una puerta difícil de cerrar, mencionando el manejo económico del ministro Jorge Quiroz, y por estos día se comienza a hablar de una acusación al exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Si ustedes acusan al nuestro, nosotros acusaremos al suyo. Palo por palo, ministro por ministro, gobierno por gobierno. Esa lógica podrá dar réditos comunicacionales de corto plazo, pero termina degradando el sistema entero.

Ese camino no fortalece la democracia, la vuelve pequeña, peleona, de corto aliento. La acusación constitucional termina degradada por exceso de uso, y cuando el mecanismo de excepción se vuelve rutina, la República no gana más control, gana más ruido innecesario.

Por eso resulta valiosa la iniciativa transversal anunciada por parlamentarios desde la UDI al Frente Amplio, pasando por RN, Evópoli, el PS y otros sectores, para elevar los requisitos de presentación y aprobación de las acusaciones constitucionales. La propuesta apunta a duplicar las firmas necesarias, pasar de diez a veinte apoyos, exigir mayoría de diputados en ejercicio (y no en la sesión) para aprobarlas, y establecer una interpelación previa obligatoria para los ministros. Es una reforma sensata que no elimina el instrumento, no blinda a las autoridades, no cierra la fiscalización. Solo le devuelve peso e importancia a ese fundamental instrumento institucional.

Algunos dirán que subir los requisitos favorece al gobierno de turno. Es una objeción esperable, pero débil. En realidad favorece a la institucionalidad, y eso debería interesar tanto al oficialismo de hoy como al de mañana. Las acusaciones constitucionales deben poder presentarse cuando hay fundamentos serios, no cuando hay ansiedad por dañar al gobierno de turno o por mero cálculo electoral.

Chile necesita oposición firme, fiscalización rigurosa, ministros que respondan por sus actos, no autoridades paralizadas por la amenaza mensual de una acusación constitucional. Para ello es deseable un Congreso capaz de distinguir entre el error político, la negligencia grave y la infracción constitucional.

La acusación constitucional debe seguir existiendo; precisamente por ello hay que cuidarla. Porque cuando todo se acusa, nada se acusa de verdad. Y cuando cada tropiezo se convierte en causal de destitución, la política deja de gobernar y se dedica a derribar palitroques, mientras la gente, bastante menos entretenido que los jugadores, sigue esperando soluciones factibles a sus problemas reales.