La Fundación Fuerza Ciudadana, que dirige Raimundo Palamara, ex militante republicano, presentó una solicitud de pronunciamiento jurídico ante la Contraloría General de la República (CGR) para que se refiera al pago de bono del Programa Mejoramiento de la Gestión (PMG) percibido por el presidente Gabriel Boric. El requerimiento cuestiona la procedencia legal de este estipendio. Del mismo modo, el oficio argumenta que no estaría contemplado en la normativa vigente para la más alta autoridad del país.
El escrito, ingresado este jueves, solicita un pronunciamiento que determine si el pago realizado al jefe de Estado se ajusta al principio de legalidad del gasto público. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el bono habría aumentado la remuneración presidencial de 7 a 10 millones de pesos, correspondiendo al PMG que se aplica a los servidores públicos.
Desde Presidencia se indicó que, en el caso del Mandatario, el beneficio estuvo distribuido de manera trimestral durante 2025, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Asimismo, precisaron que corresponde “a un 18% de las remuneraciones permanente”, a diferencia del resto de los funcionarios públicos que perciben una asignación anual de 30,6% de sus remuneraciones.
Así las cosas, el documento presentado por la fundación señala que tomaron conocimiento del pago de esta asignación, la cual se habría calculado bajo la lógica de cumplimiento de metas institucionales aplicada a los funcionarios civiles del Estado. Información consignada por La Segunda reveló que el PMG del Presidente estuvo relacionado con “ejecución de enfoque de género y gestión sustentable”.
Argumentos de la solicitud a Contraloría
La presentación argumenta que el incentivo del PMG está regulado en la Ley 19.553, la cual restringe su ámbito de aplicación a los funcionarios de planta y contrata de los servicios públicos. En ese sentido, la fundación solicita a Contraloría que se pronuncie sobre si el Presidente de la República, autoridad de elección popular que no posee grado en la Escala Única de Sueldos, puede ser sujeto activo de este beneficio.
El texto agrega que en la propia página de Transparencia Activa de Presidencia, la remuneración del jefe de Estado no está asociada a grado ni se encuentra incluido dentro de los funcionarios a planta o contrata. “El beneficio está estructurado como una asignación variable, dependiente del cumplimiento de metas institucionales y colectivas. Se otorga únicamente a quienes integran la dotación formal de los servicios públicos sujetos al sistema”, sostiene el requerimiento.
La fundación plantea que el jefe de Estado no es funcionario de planta ni a contrata, no pertenece a la Escala Única de Sueldos y no forma parte de un servicio público sujeto al sistema PMG. Subrayan que su vínculo es de carácter constitucional y político, no funcionario. Sostienen que “la ley delimita taxativamente su ámbito de aplicación, excluyendo a autoridades de elección popular”.
El escrito también cita el artículo 38 bis de la Constitución, que establece que la remuneración del Presidente es fijada por una comisión especial. Según la Resolución N° 2 del Consejo de Alta Administración Pública, en cumplimiento de la Ley 21.603, se fijó la remuneración del cargo con un descuento del 10% respecto a la existente, pero en ninguna parte de dicha resolución se prevé la prerrogativa de obtener el beneficio del PMG, se lee en el libelo.
Solicitan que CGR se pronuncie por bono PMG a presidente Boric
Bajo este panorama, la Fundación Fuerza Ciudadana sostiene que existiría “una vulneración flagrante al principio de legalidad y probidad administrativa”, percibiendo un estipendio que la Constitución no autoriza expresamente y que está fuera de lo establecido por la Ley 19.553 y el Consejo de Alta Administración Pública. En consecuencia, ante la ausencia de norma que lo autorice, estaría prohibido el pago de bonos por desempeño institucional a la jefatura de Estado.
Cabe destacar que, en cuanto a las metas evaluadas para el pago de 2025, se midió el cumplimiento de compromisos adquiridos por la administración en 2024. El Mandatario habría cumplido con el 99,44% de las metas, evaluándose eficiencia en la gestión, institucionalidad y calidad de los servicios vinculada a transformación digital. El enfoque de género consideró la elaboración de un programa de trabajo para reducir brechas y una propuesta de criterios de evaluación con perspectiva de género en selección de proveedores.
Ante este panorama, la solicitud presentada a la Contraloría incluye tres peticiones concretas. Primero, que se declare la improcedencia del gasto por falta de causa legal; segundo, que se ordene la restitución inmediata de los montos percibidos indebidamente, debidamente reajustados; y tercero, que se determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Dirección de Presupuestos o de Presidencia que autorizaron dicho desembolso.
Finalmente, la Fundación Fuerza Ciudadana solicita que, de constatarse el pago, se emita el correspondiente pronunciamiento jurídico y se tenga por interpuesta la denuncia. Piden además que los antecedentes sean remitidos al Consejo de Defensa del Estado si se configura un perjuicio fiscal.
Revisa la solicitud a CGR, aquí:
Enviando corrección, espere un momento...
