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Hay que decirlo con honestidad: cuando se presenta a los derechos laborales como un “lastre” para el crecimiento, lo que se defiende no es el futuro, sino un modelo donde el riesgo se descarga sobre las personas trabajadoras, mientras los beneficios se concentran.
El nombramiento de Tomás Rau como nuevo ministro del Trabajo, y el eventual arribo de Elisa Cabezón como subsecretaria, no son decisiones neutras. Expresan una concepción del mundo del trabajo que merece ser discutida con franqueza, porque lo que está en juego no es un tecnicismo, sino el tipo de país que queremos construir.
En una columna reciente, el futuro ministro nos dice que el mundo moderno avanza hacia la “flexibilidad” y que Chile debe adaptarse debilitando la negociación colectiva. Más allá de lo que uno pueda debatir sobre esta premisa, lo que omite es lo esencial: la flexibilidad no es neutra.
En contextos como el chileno, marcados por una profunda asimetría entre empresas y trabajadores, la llamada flexibilidad ha significado históricamente fragmentación sindical o imposibilidad de constituir sindicatos, negociación atomizada y salarios presionados a la baja, incluso en períodos donde la productividad crece. No es una hipótesis ideológica: es nuestra experiencia concreta.
Desde esa mirada, el futuro ministro caricaturiza la negociación colectiva por rama como un mecanismo uniforme y ciego a la realidad de las pymes. Eso es falso. Ninguna propuesta seria de negociación ramal podría desconocer la heterogeneidad productiva del país.
Lo que se propone es establecer pisos comunes de dignidad laboral —salarios base, jornadas, condiciones de seguridad— con mecanismos de adaptación y gradualidad, precisamente para evitar que la competencia entre empresas se base en quién paga menos o precariza más. Defender pisos comunes no es rigidez: es impedir el dumping laboral.
También insiste en que la negociación colectiva sería un obstáculo para la productividad. Esa es una oposición artificial. La productividad no se construye debilitando derechos, sino reduciendo la rotación, mejorando las condiciones de trabajo, invirtiendo en capacitación y promoviendo cooperación en lugar de conflicto permanente.
Un sistema donde cada empresa negocia aislada, con sindicatos débiles o inexistentes, no es moderno: es frágil e injusto. Así lo han entendido la inmensa mayoría de los países de la OCDE que tienen negociación en distintos niveles y son bastante más productivos que el nuestro.
Es muy relevante señalar que, en Chile, la negociación exclusivamente a nivel de empresa ha tenido un resultado evidente: salarios que crecen menos que el costo de la vida, alta informalidad y profundas brechas entre trabajadores que realizan labores similares dentro de una misma actividad económica. La negociación por rama o multinivel busca corregir esa injusticia estructural. No niega la realidad productiva; la ordena con criterios de equidad.
El futuro ministro invoca además la innovación, la inteligencia artificial y el cambio tecnológico como razones para reducir la negociación colectiva. Sostenemos exactamente lo contrario. En contextos de disrupción tecnológica se requiere más negociación colectiva, no menos: para ordenar transiciones laborales, proteger la salud física y mental, regular jornadas, enfrentar la vigilancia digital y asegurar reconversión con derechos. Sin negociación colectiva, la modernización se hace —otra vez— sobre la hiperexplotación de quienes trabajan o sobre la destrucción del empleo.
A esto se suma una señal preocupante en el eventual nombramiento de Elisa Cabezón como subsecretaria del Trabajo, dada su vinculación con espacios que han defendido de manera sistemática el modelo de AFP.
No se trata de descalificaciones personales, sino de advertir un sesgo estructural: cuando quienes han relativizado las bajas pensiones y tasas de reemplazo del sistema previsional, pasan a ocupar posiciones clave en la política laboral y de la seguridad social, el riesgo es que se consolide una mirada donde el mercado siempre tiene la razón y los derechos aparecen como un estorbo.
Hay que decirlo con honestidad: cuando se presenta a los derechos laborales como un “lastre” para el crecimiento, lo que se defiende no es el futuro, sino un modelo donde el riesgo se descarga sobre las personas trabajadoras, mientras los beneficios se concentran. Chile no necesita elegir entre crecimiento y justicia social. Necesita instituciones laborales que hagan compatibles ambos objetivos.
Presentar la negociación colectiva como un obstáculo es cómodo, pero irresponsable. Lo realmente rígido es un sistema que obliga a millones de personas a aceptar peores condiciones para que otros concentren mayores ganancias. Chile no necesita más flexibilidad sin protección; necesita reglas que equilibren el poder. Y en ese debate, no vamos a retroceder.
