La emergencia de Chile no es económica o política, sino ética. Jueces, gendarmes y, lo más grave, funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en servicio activo organizan, cometen y facilitan delitos. Entre los que tienen por misión mantener la seguridad de los habitantes del país, abundan los criminales. Y mientras esto sucede, los delincuentes campean en sus territorios.
¿Qué es una emergencia?
Cuando se habla de que vendrá un gobierno de “emergencia”, lo que se quiere decir es que el país está en una situación difícil que debe ser afrontada con medidas urgentes y perentorias.
La palabra misma, sin matices políticos intencionados, es definida por el diccionario como una “situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Urgencia, perentoriedad, necesidad, premura”.
Chile ha vivido una serie de situaciones de “desastres” que deben ser enfrentados desde la autoridad y los actores sociales, con acciones inmediatas. Por ejemplo, los frecuentes terremotos –a veces acompañados de maremotos–, los temporales, las sequías prolongadas.
Cuando suceden esos desastres (repito intencionalmente la palabra), las autoridades reaccionan y la sociedad civil genera respuestas solidarias. Recuerdo que, a mis doce años, cuando ocurrieron los terremotos de Concepción y de Valdivia los días 21 y 22 de mayo de 1960, escuché con atención por primera vez la palabra solidaridad.
La Radio Minería encabezó una “Cadena de la solidaridad”, que conectaba radios a nivel nacional, para intentar mantener comunicado al país. Del terremoto valdiviano derivó una “situación de peligro”, cuando el Lago Riñihue amenazaba con inundar la zona con el riesgo de provocar la desaparición de la ciudad y de muchas localidades que estaban en la ruta de esas aguas. Una operación de trabajo prolongado, intenso, bien organizado e inteligente, con ingenieros civiles y militares y cientos de voluntarios, que tomó mucho tiempo, solucionó el problema y evitó la tragedia.
Los incendios también representan emergencias, tanto en el sentido de peligro como en el de desastre. Siempre los ha habido, especialmente en zonas urbanas. Por eso existen quienes tienen como misión apagarlos y controlar sus efectos: los bomberos.
En los últimos 50 años han aumentado los incendios forestales, particularmente en las zonas de plantaciones de pinos y de eucaliptus, especies ambas que, por sus propios componentes, están expuestos a estos acontecimientos. Por eso se producen con mayor frecuencia estos eventos en las plantaciones que en los bosques de árboles nativos. Si bien hay causas naturales que hacen reaccionar las características inflamables de estas especies, la mayor parte de los incendios se originan en causas humanas. Intencionales o por error.
Estado constitucional de Emergencia
Existe además –en la constitución de Pinochet y en las anteriores– el “Estado de Emergencia”, como una situación que declara el Presidente de la República “ante grave alteración del orden público o daño a la seguridad nacional”.
En el caso, es posible restringir algunos derechos constitucionales, quedando la zona a cargo de un Jefe de la Defensa Nacional.
Esto, si bien tiene duración máxima de 15 días corridos, se puede prorrogar con acuerdo parlamentario. Y así lo han hecho los gobiernos de Piñera y Boric para mantenerlo vigente en la zona de agitación de organizaciones territoriales mapuche.
Durante la dictadura vivimos en un prolongado Estado de Emergencia con la agravante de que se dio a los Jefes Militares las mismas atribuciones que correspondían al estado de Sitio, la más grave de estas declaraciones para la vigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Gobierno de emergencia: un relato ad-hoc
Pero cuando Kast, presidente electo, habla de “gobierno de emergencia” no se refiere a nada de esto. Alude a que, a raíz de las manifestaciones de 2019, Chile habría entrado en una situación difícil, controlada por elementos antisociales y políticamente manejados por “la izquierda”, que, luego de fracasar en su intento de golpe de Estado para derrocar a Piñera, consiguieron un acuerdo para sustituir la Constitución de 1980.
Como parte de esa operación política, se desarrolló una campaña electoral por la Presidencia de la República que permitió la elección de Gabriel Boric como presidente. Según este relato, Boric, acompañado de jóvenes inexpertos, intentó llevar adelante un proyecto dañino para el país y orientado a obtener poderes constitucionales en la línea de una dictadura ideológica.
Fracasado en ese empeño por la derrota en el plebiscito, intentó un nuevo proceso constituyente y paralelamente administró el país sobre la base de la ignorancia y la corrupción, provocando que la delincuencia, alentada por “el octubrismo” de 2019 y apoyada por los comunistas y el Frente Amplio, sometiera a Chile a un estado de inseguridad total.
El relato culmina con que en estos casi cuatro años ya, el país está destruido económicamente, no hay inversión, todo, hasta las buenas ideas provenientes de otros sectores, las han ejecutado mal. Su frase ha sido “un gobierno fracasado que tiene a Chile en el suelo”. Fue elegido, porque la mayoría del electorado nacional le creyó.
El problema de esta hora
Pero no está ahí el problema de Chile en esta hora, sino en una crisis ética de gran profundidad que requiere que se tomen medidas de emergencia, que, ciertamente, es difícil que el gobierno que promete Kast sea capaz de lograrlo. Entre otras cosas, porque probablemente no cree que las cosas sean así, sino que intenta centrar el problema en cuestiones de incapacidades de los gobernantes anteriores y en las ideologías dominantes en el último período.
Cuando observamos, por ejemplo, la nómina de ministros que ha anunciado que se hará cargo de la conducción del Estado junto con él, nos abre enormes dudas, justamente porque para enfrentar las emergencias de ciertas áreas se nombra a personas que han estado ligadas más a intereses particulares (empresariales especialmente) que a lo que la sociedad chilena puede requerir.
Es decir, en lugar de la mirada “estatista” que Kast y su grupo atribuyen a Boric, vuelve a abrirse el camino iniciado por Pinochet de entregar lo público a lo privado, mediante el expediente –ya usado por Piñera– de nombrar a personas ligadas a las empresas para cautelar los intereses del Estado.
No queda mucho por privatizar (ni me atrevo a nombrar lo que se mantiene estatal, para no dar malas ideas ni abrir apetitos), pero sí es posible terminar con los controles, mecanismos de revisión, ejercicio de la autoridad en beneficio de las mayorías.
Crisis ética
La emergencia de Chile es ética. Es verdad que podríamos hacer miradas muy hacia atrás, pues siempre en todo el mundo y en todos los tiempos, ha habido sujetos que se han aprovechado del poder para obtener enriquecimientos ilícitos. Pero lo que sucedió en el gobierno cívico-militar que encabezó Pinochet fue algo que no tiene parangón en la historia de Chile (alguien recordó a Porfirio Díaz o los últimos gobiernos del PRI en México, los jerarcas de la órbita soviética, los dictadores (reyes se hacen llamar) sauditas y de los Emiratos Árabes).
Los latrocinios revelados por Banco Riggs, el traspaso de empresas estatales a manos privadas en cifras ridículas, los créditos sin intereses y en pesos otorgados por el Banco del Estado, el uso de recursos públicos para beneficios privados. En fin, la lista es larga.
Cuando asume la presidencia de la República Sebastián Piñera, no puede olvidarse que había sido sancionado por uso de información privilegiada que prohíbe y sanciona la normativa de libre competencia. ¿No hay ahí un problema ético?
Lo mismo o más grave fue cuando otros funcionarios altos de ese gobierno tuvieron denuncias por actos irregulares, que hoy, sin duda, podemos calificar de corrupción, aunque no haya habido sentencias condenatorias. Cuando un grupo económico fue denunciado ante la justicia por actos de corrupción relacionados con intervenciones económicas indebidas en cuestiones políticas los ejecutivos fueron condenados “a clases de ética”.
Cuando asume Boric, el Ministro Jackson habló de que quienes se hacían cargo del gobierno y de la administración del Estado pertenecían a una generación que tenía superioridad moral respecto de todos quienes los habían antecedido en el poder.
Muchos hechos, derivados de mala administración o de acciones fraudulentas, han dejado en evidencia que entre las personas que se hicieron cargo del gobierno había varios con poca “superioridad moral”. Algunos de ellos abandonaron sus partidos –expulsión o renuncia– y están en procesos judiciales.
La mentira
Pero también la mentira revela crisis ética. Cuando desde los equipos de la derecha se habla contra Boric, se hace alusión a “las fundaciones”, como si todos los fraudes cometidos en torno a ellas fueran de sus partidarios, olvidando que hay otros casos y que en uno de ellos cayó el equipo del único gobernador que militaba con ellos y un diputado del Partido Republicano.
Mentir, vieja técnica de comunicación política, genera resultados.
Hablar de un país en el suelo producto del gobierno de Boric, ha hecho creer que en Chile se vive en la miseria. Las estadísticas –con todas las limitaciones de las técnicas en la materia– revelan otra cosa.
Por una parte, que muchas de las situaciones que se pueden considerar delicadas para el país, se iniciaron antes y, por otra, que las dificultades surgidas en el período no han provocado ninguna situación de desastre o peligro.
La excesiva acumulación de ingresos en manos de minorías; los problemas de pobreza; las dificultades en los hospitales públicos para obtener horas y las listas de espera falseadas; el bajo crecimiento económico; la disminución de la inversión, se iniciaron mucho antes de que asumiera Boric. Y durante este último año, especialmente, los índices han llegado a los mejores niveles de los 7 años precedentes.
En el caso de la campaña presidencial, no olvidemos las mentiras reiteradas desde las esferas del actual presidente electo que afectaron incluso a Evelyn Matthei, además por supuesto de Boric y su candidata Jeannette Jara.
La seguridad
La mayor crisis ética y que requiere medidas urgentes se refiere a la seguridad.
Podemos decir que es grave lo que se ha destapado en las más altas esferas del Poder Judicial. Tal vez si se indagara un poco más, se podría alcanzar a develar otros casos. Grave es lo que ha sucedido en Gendarmería, lo que tampoco es nuevo, ya que a los abogados nos consta de muchas malas prácticas desde hace décadas. Claro que nunca alcanzando estos niveles de compromiso de tantos funcionarios.
Pero lo más grave es la cantidad de delitos cometidos por funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Todos ellos en ejercicio, aunque después se diga que son excarabineros, por ejemplo. Delitos gravísimos, compromisos con pandillas, los robos más grandes en cuanto a dinero, tráfico de drogas, coimas para el ingreso irregular al país. La lista es larga. El Mercurio ha publicado gran parte de ello en una nota especial.
Eso, sin olvidar el mal uso de recursos por los comandantes en jefe o el gran fraude en carabineros de más de 30 mil millones de pesos. Y, para no olvidar lo pequeño y grave ante estos montos, están todos los malos usos que se hacen habitualmente de los recursos de las instituciones armadas en beneficio de los altos mandos.
Eso es lo más grave: que entre los que tienen por misión mantener la seguridad de los habitantes del país, abundan los criminales. Y mientras estos sucede, los delincuentes campean en sus territorios.
¿Cómo abordará el próximo gobierno estas crisis en las instituciones?
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