Visto en su conjunto, el “gabinete yogurt” tiene el acierto de los currículum pero el riesgo que se sostiene sobre un relato de emergencia que eleva las expectativas y reduce los márgenes de error.

La expresión “gabinete yogurt”, dicha hace pocos días por Pablo Longueira en una entrevista, verbalizó un malestar real en Chile Vamos frente al primer gabinete de José Antonio Kast.

El dato estadístico habla por sí solo: la UDI y Renovación Nacional tienen exactamente la misma cantidad de ministros que el Partido Radical. La centroderecha tradicional no está ausente, pero sí claramente subordinada en un gobierno que no se concibe como coalición, sino como proyecto propio, con identidad definida y sin mayor preocupación por los equilibrios históricos del sector.

Ese reordenamiento no es accidental ni producto de una omisión, sino coherente con la forma en que Kast entiende el ejercicio del poder.

Su gabinete no fue diseñado para ser el tercer gobierno de la derecha desde 1990, sino —como se afirma explícitamente en la presentación oficial de sus ministros— para enfrentar una emergencia nacional, entendida como la superposición de una crisis de seguridad, una crisis económica y una crisis social que, a su juicio, volvieron obsoleta la política de la gradualidad.

El mensaje es deliberadamente frontal: no se gobierna para administrar lo que hay, sino para intervenir, corregir y reordenar, aun a costa de incomodar a aliados tradicionales y provocar rechazo en la oposición.

Desde esa clave se explica el choque cultural que ha concentrado buena parte de las críticas, especialmente desde la izquierda, a propósito del reemplazo de Antonia Orellana por Judith Marín en el Ministerio de la Mujer.

Orellana simbolizaba un Estado donde el feminismo operaba como política pública, marco moral y lenguaje obligatorio. No por casualidad tenía encargadas de género en cada institución pública. Marín representa el giro opuesto: críticas a las supuestas enseñanzas de homosexualidad, exorcismo y convicciones personales que el progresismo leyó como una provocación.

Frente a ese escándalo casi ritual, cabe una pregunta tan obvia como incómoda: ¿qué esperaban exactamente? ¿Qué Kast nombrara a Natalia Valdebenito en el Ministerio de la Mujer para tranquilizar a la izquierda? El reproche parece olvidar que Kast nunca ocultó su diagnóstico ni su orientación, y que su electorado votó precisamente por ese quiebre.

Pero el punto más interesante no está en la indignación ajena, sino en la introspección forzada que empieza a emerger en la propia izquierda, donde ya no todos están dispuestos a seguir actuando como si nada hubiera ocurrido.

La influencer de izquierda Dane Bersoh dice en la red X que el nivel de retroceso es tal que hay que “dar la batalla contracultural” y a “honrar a Gramsci”. El diagnóstico es brutal precisamente porque viene desde dentro: la izquierda que durante una década creyó haber conquistado la hegemonía cultural descubre que su dominio era más frágil de lo que pensaba, sostenido en élites, universidades y redes sociales, pero débil en la vida cotidiana, en la experiencia concreta de seguridad, orden y convivencia.

Poniendo lupa en el equipo aparece una combinación poco habitual en la derecha chilena reciente: experiencia mezclada en temas de gobierno con altos ejecutivos provenientes del mundo privado, una amplitud política mayor a la que sugieren las caricaturas y señales nítidas respecto de lo que Kast quiere para el país.

En el elenco hay exministros de Bachelet, pinochetistas de tomo y lomo, exparlamentarios que se mueven bien en los pasillos del Congreso, investigadores de Libertad y Desarrollo y figuras destacadas del mundo empresarial.

El mensaje es deliberado: orden, gestión, crecimiento y control, sin ambigüedades discursivas ni dobles lecturas.

La pregunta que queda es: ¿cuánto dura la emergencia como principio organizador del gobierno y qué ocurre cuando deja de ser creíble? Porque administrar la excepcionalidad es posible por un tiempo, pero gobernar exige, tarde o temprano, pasar del estado de urgencia a un proyecto de normalidad, y allí es donde este gabinete deberá demostrar si también tiene respuesta para el después.

En esa misma línea, Daniel Grimaldi en una columna en La Tercera advierte que el error analítico sería quedarse en la caricatura cultural, porque el verdadero dilema del gabinete está en la tensión entre convicción y gobernabilidad.

Kast apuesta a que la claridad ideológica no impida la eficacia administrativa, una combinación históricamente difícil en Chile, donde los gobiernos suelen optar por una de las dos y fracasar en la otra. El problema no es la convicción, sino cuando ésta se transforma en rigidez y empieza a chocar con la complejidad del aparato estatal.

El caso del cuasiministro de Minería debe leerse precisamente desde ese prisma y no desde la acusación simplista de error o captura. Lo que allí se produce es la colisión de dos intereses legítimos y de dos marcos normativos distintos: por un lado, el deber de una empresa listada en bolsas canadienses, que obliga a resguardar los intereses de una institución y de sus stakeholders; por otro, la lógica política, que pone por encima de todo al presidencialismo.

No estamos frente a una ilegalidad evidente o una torpeza comunicacional, sino ante un choque estructural entre gobernanza corporativa y ejercicio del poder, una tensión recurrente donde el mundo público y privado se superponen cada vez más. Ese caso en particular constituye una victoria política del Frente Amplio, que en voz del diputado Winter logró que se levantara el tema y el gobierno perdiera un ministro con capacidad de articulación conocida en el sector.

Visto en su conjunto, el “gabinete yogurt” tiene el acierto de los currículum pero el riesgo que se sostiene sobre un relato de emergencia que eleva las expectativas y reduce los márgenes de error.

Si Kast logra que la experiencia pese más que el gesto y que la convicción no derive en dogma administrativo, el gabinete puede durar más de lo que anticipan sus críticos. Si no, la frase de Longueira quedará registrada no como ironía, sino como diagnóstico temprano, en una política que —como en la película de Paul Thomas Anderson— rara vez ofrece redención y obliga a dar, sin descanso, una batalla tras otra.