Estudio revela que 8 de cada 10 municipios operan sin políticas anticorrupción ni controles reales

Un estudio realizado por Chile Transparente y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), reveló que más del 80% de los municipios no cuenta con una política anticorrupción, lo que implica la imposibilidad de prevenir irregularidades en la gestión local.

La contralora general, Dorothy Pérez, definió la integridad municipal como “una urgencia democrática”, recalcando la enorme cantidad de causas penales abiertas por faltas en la probidad.

Más del 80% de municipios no cuenta con políticas anticorrupción

La crisis de transparencia y probidad que atraviesa el país ha golpeado con fuerza a los municipios. En este contexto, la Asociación de Municipalidades de Chile y Chile Transparente elaboraron un estudio destinado a fortalecer el cumplimiento normativo, prevenir faltas a la probidad y recuperar la confianza pública.

El diagnóstico revela una brecha estructural: más del 80% de los municipios no cuenta con una política formal de integridad o anticorrupción.

Para el director ejecutivo de AMUCH, Andrés Chacón, el problema es cultural antes que legal. La precariedad administrativa, con más de la mitad del personal a honorarios y solo un 37% con niveles adecuados de profesionalización, dificulta la continuidad de los programas, debilita los controles y aumenta los riesgos de irregularidades.

El estudio también evidencia que el 40% de los municipios no posee código de ética vigente, un 57% carece de comité de ética y casi la mitad no cuenta con matriz de riesgos. Además, un 64% no dispone de modelos de prevención de delitos, brechas que se profundizan en comunas con menos recursos.

La situación de las direcciones de control es igualmente crítica: su dotación promedio es de 3,8 funcionarios y en 75 municipios trabajan con un solo profesional. A esto se suma que el 55% de las municipalidades no cuenta con encargado de integridad.

El presidente de AMUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, recordó que la integridad es hoy una de las principales demandas ciudadanas, por lo que propuso avanzar hacia un Estado digital, simplificar trámites, modernizar controles y asegurar un encargado de integridad en cada municipio.

En la presentación también participó la contralora general, Dorothy Pérez, quien definió la integridad municipal como “una urgencia democrática” y recordó que existen más de 600 causas penales abiertas en gobiernos locales.

Llamó a implementar códigos de ética, canales de denuncia robustos y planes efectivos de prevención.

Con el diagnóstico sobre la mesa, el desafío ahora es convertir la integridad en una práctica cotidiana y verificable en la administración local.