Expropiaciones: una salida que no soluciona la crisis habitacional

El anuncio del Gobierno de iniciar el desalojo y, a la vez, expropiar parte de los terrenos de la megatoma de San Antonio, reabre un debate que combina urgencia social, presión política y riesgos institucionales. Lo que hace un año advertíamos como un síntoma de un modelo habitacional fragmentado, hoy se confirma con fuerza: la política de vivienda chilena sigue respondiendo a emergencias y no a planificación.

La decisión de expropiar para resolver una ocupación irregular plantea interrogantes de fondo. Si bien se puede entender como un intento de brindar certeza a miles de familias que hoy viven en condiciones precarias, el uso de la expropiación como herramienta de solución habitacional sienta un precedente complejo, que tensiona los límites entre el derecho a la propiedad, la función social del suelo y la igualdad ante la ley.

La “parte oscura” de las tomas sigue presente: condiciones insalubres, ausencia de servicios básicos, vulnerabilidad frente a desastres naturales y, en muchos casos, la operación de redes que lucran con la necesidad habitacional de cientos de familias.

Expropiar en este contexto no elimina estos riesgos, por el contrario, puede validar la informalidad como vía legítima de acceso a la vivienda, debilitando el principio de equidad frente a quienes han esperado años por una solución dentro del marco legal.

Desde el punto de vista técnico y urbano, esta medida no aborda el problema estructural del déficit habitacional, tampoco resuelve la falta de suelo urbano asequible ni os problemas en los mecanismos de financiamiento y producción.

Expropiar para “regularizar” una toma es un atajo de alto costo económico y político, que desvía los recursos de los programas formales y rompe las confianzas de las políticas públicas como instrumento de justicia social.

Chile necesita fortalecer una política habitacional integrada, con gestión anticipada del suelo, incentivos al arriendo protegido, densificación planificada y fomento a la construcción industrializada. Las soluciones deben ser sostenibles, equitativas y replicables, no reactivas ni coyunturales.

Las tomas no pueden normalizarse, pero tampoco pueden enfrentarse con medidas que profundicen la fragmentación institucional. Expropiar no es justicia habitacional, es administrar la urgencia a costa de la planificación urbana olvidada.