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En una carta de opinión publicada en un medio de circulación nacional, titulada “Una ley de eutanasia responsable”, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, pretende instalar la idea de que nuestro país necesita, con urgencia, regular la eutanasia. Sin embargo, su planteamiento es simplista, tramposo e irresponsable.
Es simplista, porque plantea que el mundo se divide entre quienes encuentran sentido en “elegir el momento y la forma de partir” y quienes buscan el “sufrimiento hasta el final”, constituyendo una caricatura injusta. Quienes creemos que la muerte puede ser digna sin recurrir a la eutanasia, buscamos justamente lo contrario: una partida con el menor dolor y sufrimiento posible.
Por eso hemos impulsado alternativas verdaderamente humanas, que reducen el dolor y acompañan con misericordia: los cuidados paliativos, la sedación paliativa en casos específicos y una regulación más clara de la limitación del esfuerzo terapéutico. Esta última fue precisamente la decisión que tomó el Papa Juan Pablo II, cuando pidió no prolongar artificialmente su vida, lo cual no fue eutanasia, sino “ortotanasia”. Aceptar el curso natural de la vida, sin acelerar ni forzar la muerte.
La carta es, además, irresponsable, porque se desentiende de los pacientes que hoy sufren, ya que la ministra es la principal responsable de implementar la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Y, sin embargo, hasta el año pasado, esa ley solo se financiaba para el 45% de quienes lo necesitaban. Su implementación sigue pendiente.
En ese contexto, afirmar que los pacientes “eligen” morir es tramposo. No es una elección libre, sino la única salida que se les deja cuando el sistema de salud los abandona. No podemos hablar de compasión si, frente a un paciente con dolor, la respuesta del Estado es ofrecerle la muerte en vez de alivio.
La eutanasia, más que un debate sanitario, es parte de la agenda identitaria del gobierno. Y ahora que está en sus últimos meses, intenta dejar un legado para su núcleo duro, ese 28% que no abandona al Presidente pese a los escándalos y la mala gestión.
Pero conversando con el resto del país, uno se da cuenta de que no está urgido por la eutanasia; lo que pide es mejorar los hospitales, la calidad de las atenciones, reducir las listas de espera y acceder a un sistema público que responda.
Hoy tenemos más de tres millones de registros en listas de espera, con diagnósticos que muchas veces implican dolor, discapacidad y pérdida de calidad de vida. ¿No sería más justo y responsable que el esfuerzo del Estado estuviera puesto en resolver ese drama en lugar de legislar a la rápida sobre eutanasia?
Chile no necesita una ley apresurada, ambigua en sus límites y sin una protección real para los enfermos que sufren. Chile necesita un sistema de salud que alivie, que acompañe y que no deje solos a los más necesitados. Un sistema donde los cuidados paliativos lleguen al 100% de quienes los requieren, no al 45%; y con médicos y equipos de salud con más recursos y formación. Necesitamos dignidad en la vida hasta el final, no la renuncia del Estado a su deber de cuidar.
En este tema no se trata de imponer una visión religiosa o ideológica. Se trata de humanidad, de misericordia y de justicia. Una sociedad que valora la vida no abandona a los que sufren, sino que busca todos los medios para aliviar su dolor y acompañarlos con compasión.
La verdadera urgencia no es la eutanasia, sino cumplir la ley que ya existe y garantizar cuidados paliativos universales. La verdadera madurez de una sociedad no se mide en la velocidad con que aprueba leyes identitarias, sino en la capacidad de hacerse cargo del dolor de los más vulnerables.
La empatía y la responsabilidad que menciona la ministra deben expresarse en hechos concretos. Porque mientras en el papel se discute la “muerte digna”, en los hospitales y consultorios hay millones de chilenos esperando una atención digna para poder seguir viviendo.
