El precio de los medicamentos: Jara por los pacientes, Kast por la colusión

La estructura además es profundamente regresiva: mientras el quintil más rico destina un 46,7% de su gasto en salud a medicamentos, el quintil más pobre dedica un 67,6%. Dicho de otra forma: quienes menos tienen, pagan proporcionalmente más. La injusticia es evidente.

El impacto en la vida de las personas es brutal: el 68% de los pacientes reconoce haber abandonado sus tratamientos por no poder costearlos. Es decir, el acceso a la salud no está definido por la necesidad médica, sino por la capacidad de pago. Y este problema se ha agudizado en el tiempo: entre 2010 y 2024 el gasto en medicamentos aumentó 80%, golpeando sobre todo a los adultos mayores, que deben costear múltiples tratamientos para enfermedades crónicas.

No se trata solo de dinámicas de mercado

La concentración del sector farmacéutico —donde tres cadenas controlan el 92% de las ventas— favoreció abusos sistemáticos. El caso más emblemático fue la colusión de las farmacias (2008-2009), que elevó en promedio en un 48% los precios de 222 medicamentos, llegando en algunos casos a duplicarlos. Ese abuso significó más de $27 mil millones en sobrecostos para los pacientes.

En esa causa, Jorge Quiroz, hoy jefe económico de José Antonio Kast, elaboró un informe defendiendo a Salcobrand y relativizando el daño a los consumidores. Mientras él justificaba el alza de precios que vaciaba los bolsillos de los chilenos, las familias debían decidir entre llegar a fin de mes o seguir sus tratamientos. No es un dato menor: ahí se expresa una visión de país donde los abusos del mercado se normalizan y las personas quedan en segundo plano.

El precio de los medicamentos: Jara por los pacientes, Kast por la colusión

El contraste es inevitable cuando se comparan estas posturas con las propuestas de Jeannette Jara. Su programa plantea medidas concretas para reducir el gasto de los hogares: establecer un Precio Máximo Industrial (PMI) para regular el valor de los medicamentos —considerando referencias internacionales y los precios de CENABAST—, y crear un Observatorio Nacional de Medicamentos que entregue transparencia al mercado, publique información sobre costos y patentes y proponga precios máximos periódicos.

Lo más relevante es que esto no es un experimento. La experiencia del PMI ya se aplicó con la Ley Ricarte Soto, logrando una reducción promedio del 12% en los precios de los medicamentos regulados. Cuando hay voluntad política, se puede enfrentar a la industria y hacer que los remedios sean más accesibles.

La diferencia es clara: mientras el asesor económico de Kast defendió los abusos de las farmacias y la desregulación que perjudica a las familias, Jeannette Jara propone políticas serias para bajar los precios de los medicamentos y, con ello, reducir el costo de la vida.

En un Chile donde dos de cada tres personas han debido renunciar a su tratamiento por falta de dinero, discutir el precio de los medicamentos no es un asunto secundario. Es una cuestión de dignidad y de modelo de país: uno que avala la impunidad del mercado y sus abusos, o uno que pone en el centro el bienestar, los salarios dignos y el derecho de todos los chilenos a acceder a la salud.