Test de drogas y política: una prueba urgente para recuperar la confianza

Consciente del desgaste de la clase política y con la convicción que recuperar confianza, la cual exige hechos, a fines del 2023, junto a la diputada Pamela Jiles, presentamos un proyecto de ley que busca establecer la obligación de que las máximas autoridades del país —incluido el Presidente de la República— se sometan periódicamente a un test de drogas mediante análisis de pelo y con resultados públicos.

Test de drogas para autoridades, una señal de confianza

El proyecto busca instaurar un estándar mínimo de coherencia entre la exigencia que se impone a ciertos sectores de la población, conductores profesionales, trabajadores del área de la seguridad o de la minería, y quienes ejercen funciones públicas de alta relevancia.

No se trata de estigmatizar ni de generar una persecución moral; se trata de dar una señal clara y categórica respecto a la incompatibilidad absoluta entre el consumo de drogas y el ejercicio de un cargo público.

Nos alegra que esta iniciativa haya encontrado eco en otros sectores. De hecho, durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2025 se aprobó una glosa en el mismo sentido. Sin embargo, dicha fórmula presenta limitaciones evidentes: no define con precisión el protocolo del examen, no garantiza transparencia en los resultados y, sobre todo, tiene una vigencia acotada a solo un año.

Tal como lo reconocieron los propios ministros Marcel y Elizalde durante la discusión presupuestaria, este tipo de medidas requieren una regulación permanente y clara para ser efectivas y creíbles.

Le tomamos la palabra al Gobierno

Si el Presidente Boric fue capaz de otorgar suma urgencia al proyecto que establece el “Día Nacional del Pajarete“, ¿por qué no mostrar la misma urgencia en un proyecto que apunta directamente a fortalecer la integridad del Estado?

Le pedimos al Presidente que patrocine, acelere y respalde esta ley, y que dé un paso al frente sometiéndose voluntariamente al test con resultados públicos. Sería un hecho inédito en nuestra historia republicana, y enviaría una señal potente a toda la clase política y a la ciudadanía.

El combate contra la droga debe comenzar en la cima de la institucionalidad. Quienes ocupamos cargos de elección popular y participamos en la toma de decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas, debemos dar el ejemplo en materia de probidad, transparencia y responsabilidad. Solo así construiremos un servicio público verdaderamente transparente, comprometido con el bien común y conectado con la ciudadanía.