VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La exfuncionaria de la PDI Danitza Araya, en situación de discapacidad por ser baleada y atropellada en Pudahuel durante el estallido social, presentó un recurso contra el Ministerio de Seguridad Pública por no ascenderla correctamente en su retiro por invalidez. La PDI calificó los hechos como parte del servicio, pero el Ministerio la ascendió a subcomisaria en lugar de prefecto inspector como solicita la defensa, que argumenta que se omitió un reconocimiento que le permitiría acceder a beneficios ampliados.

La exfuncionaria de la Policía de Investigaciones (PDI), Danitza Araya, quien quedó en situación de discapacidad tras ser baleada y atropellada en un procedimiento policial en Pudahuel durante el estallido social, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Seguridad Pública, acusando que en su retiro por invalidez debió ser ascendida al grado de prefecto inspector y no de subcomisaria.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar el 21 de octubre de 2019, cuando la exdetective fue baleada luego de ser atropellada en el marco de intentos de saqueo contra un supermercado ahora llamado Super10, ubicado en calle La Travesía.

Según consignó La Tercera, la PDI calificó el procedimiento policial como “actos propios del servicio“. Mientras que en octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública emitió el Decreto Exento N.º 22, con el cual dispuso el ascenso de Araya a subcomisaria y su retiro por invalidez del 60%.

Por su parte, el recurso de protección señala que la resolución no consideró la aplicación del artículo 129 del DFL N.º 1 Estatuto Del Personal De Policia De Investigaciones De Chile.. Según la defensa de Araya, ella debió ser ascendida a prefecto inspector (grado 5) y no a subcomisaria (grado 9).

Esa normativa indica que, en cualquier caso de fallecimiento o invalidez, el personal “tendrá derecho a los beneficios que otorga este Estatuto ampliados”. El artículo menciona que “se le considerará en posesión de 30 años de servicios efectivos en Policía de Investigaciones de Chile para todos los efectos legales, incluso trienios, cualquiera haya sido el tiempo real de su desempeño”.

A lo anterior se suma el aumento de indemnización “a un monto equivalente a 3 años de sueldo imponible”.

¿Qué es lo que pide la defensa de la exfuncionaria de la PDI baleada en el estallido social?

Según el recurso de protección, el Ministerio de Seguridad Pública no habría considerado una resolución del director general de la PDI, en la que se reconocía que Araya cumplía con los requisitos para acceder a los beneficios ampliados.

“Cumple con todos los requisitos para estos beneficios: invalidez en actos del servicio, ocurrencia en circunstancias de conmoción interna y reconocimiento del jefe del servicio”, argumentó Antonio Cordano, abogado de la exfuncionaria de la policía civil.

“La omisión de este reconocimiento es un acto ilegal, que contraviene un mandato expreso y corresponde a una ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”, agregó.

Así, el recurso de Danitza Araya solicita corregir su grado a prefecto inspector, con 30 años de servicio, retroactivo al 15 de octubre de 2021, fecha en que la COMPIN fijó su invalidez.

Igualmente, pide regularizar los pagos y ordenar a la PDI, DIPRECA y al Ministerio de Seguridad Pública pagar de forma retroactiva remuneraciones, bonos, trienios, pensiones, desahucio y montepíos correspondientes al grado superior.

Por último, solicita que la PDI mantenga la cobertura de atenciones médicas de Araya.