Desafíos para un proceso legislativo con enfoque en DDHH

Chile ha asumido numerosos compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, esos estándares rara vez se incorporan de manera sistemática al proceso legislativo.

Esta tensión fue el punto de partida del capítulo “Proceso legislativo con enfoque de derechos humanos: panorama actual y desafíos”, incluido en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2025 de la UDP, en el que analizamos cómo opera esta dimensión dentro del Congreso Nacional.

Las respuestas de ambas Cámaras a nuestras solicitudes de transparencia confirman lo anterior y, en la práctica, esta verificación queda relegada al trabajo de las comisiones parlamentarias, sin protocolos establecidos, lo que la convierte en un ejercicio fragmentado y voluntarista.

Su colegislador, el Ejecutivo, muestra un desigual cumplimiento. Si bien SEGPRESS cuenta con un instructivo para la elaboración de proyectos de ley, sólo menciona la Consulta Indígena (Convenio 169 de la OIT). ¿Qué ocurre con los demás estándares igualmente vinculantes?

Por otro lado, la Subsecretaría de DDHH colabora en esta revisión únicamente si se le solicita. Nuevamente, voluntarismo. Más aún, dicha información puede no tener impacto alguno si el ejecutivo decide no presentar un mensaje sobre las materias propuestas.

Si bien se intentaron avances con el Plan Nacional de DDHH (2022-2025), a julio de este año, los indicadores de cumplimiento estaban en elaboración y, más preocupante, se inició la actualización del Plan sin que estuvieran definidos los criterios del anterior.

En esta entramada, dos organismos técnicos emergen como actores fundamentales pero vulnerables: el INDH y la BCN. El primero comparece ante comisiones parlamentarias, elabora informes y monitoreo. Sin embargo, no existe mecanismo formal que regule su participación, sólo puede comparecer en ciertas votaciones y enfrenta presiones políticas constantes para reducir su presupuesto.

La BCN —aun siendo parte del Congreso— sufre un similar augurio. No existe un procedimiento formal para solicitar insumos y asesorías. Ni un sistema institucionalizado de seguimiento y monitoreo para evaluar el impacto real de estas.

El panorama es preocupante: la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en el proceso legislativo es fragmentada, voluntarista y altamente vulnerable a las coyunturas políticas. Depende más de la proactividad de ciertos actores y de la voluntad de algunos parlamentarios que de mecanismos institucionales sólidos.

Hoy el Estado chileno está expuesto a responsabilidad internacional y nuestro país no podrá argumentar desconocimiento. La jurisprudencia interamericana ha establecido claramente que los parlamentarios tienen el deber de ejercer el control de convencionalidad. Estamos en deuda y perdiendo la oportunidad de permitir que un buen diseño institucional contribuya al robustecimiento de nuestros derechos fundamentales.

Catalina Vargas
Matías Órdenes
Investigadores Centro de Derechos Humanos
Universidad Diego Portales