La Contraloría General de la República emitió una resolución que golpea nuevamente a la administración municipal de Las Condes durante la gestión de Daniela Peñaloza (UDI).
El organismo acreditó siete cargos en contra de la exalcaldesa por irregularidades en la adquisición de un terreno destinado a la construcción de un Cesfam, determinando que se infringieron principios básicos de probidad y procedimientos exigidos por ley.
El dictamen también instruye sanciones para una decena de funcionarios y propone la destitución del exdirector de Control, Eduardo López Arriagada, tras comprobarse su responsabilidad en diversas faltas administrativas, incluida la orden de adulterar un documento público. La decisión cierra un largo proceso iniciado en 2023, cuando concejales de la comuna denunciaron anomalías en la millonaria operación.
La historia detrás de la compra del terreno en Las Condes
La operación inmobiliaria comenzó a gestarse en marzo de 2022, cuando el concejo municipal aprobó la compra de un paño de más de 5.300 metros cuadrados para emplazar un nuevo centro de salud familiar. En la compra participaron como gestoras inmobiliarias las empresas FG Oriente II Spa y Vulcon Asset Managment Spa.
Sin embargo, según Contraloría, la presentación realizada a los concejales omitió detalles clave: no se individualizaron los inmuebles, no se explicó el valor de cada propiedad y tampoco se informó qué mecanismos de adquisición se utilizarían.
Pese a tratarse de una compra de un alto monto —353.956 UF— el municipio no aplicó ninguno de los procedimientos que exige la Ley 18.575 para este tipo de operaciones: ni licitación pública, ni privada, ni un trato directo debidamente fundado.
A eso se suma que no se realizaron tasaciones independientes que permitieran determinar si los precios ofrecidos eran razonables, una omisión que, según el ente contralor, expuso el patrimonio municipal.
Las observaciones no quedaron ahí. El informe consigna que en el proceso participaron profesionales externos al municipio, mandatados para intervenir en la negociación; además, se detectaron discrepancias entre los valores pactados y los finalmente pagados. Un ejemplo es una propiedad en calle Nueva Delhi, cuyo precio debió bordear las 14.600 UF, pero terminó costando más de 24.000 UF, una diferencia que Contraloría calificó como una vulneración directa al principio de probidad.
Cargos acreditados contra Peñaloza y otras sanciones
La resolución no solo apunta a la exalcaldesa Peñaloza de Las Condes. También se formularon cargos al entonces administrador municipal y alcalde subrogante, Juan Jaramillo; al director jurídico, Héctor Navarrete; y a otros funcionarios de Control, Auditoría y Oficina de Partes.
Las sanciones propuestas incluyen suspensiones temporales con reducción de remuneraciones y anotaciones en sus hojas de vida, según consigna La Tercera.
El caso más grave es el del exdirector de Control, Eduardo López Arriagada, para quien el órgano fiscalizador pide la destitución. Contraloría afirma que López ordenó alterar un instrumento público, una conducta que, además de ser una infracción administrativa, tuvo consecuencias penales dado que López se encuentra formalizado.
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