Concejales de la comuna de Santiago acudieron al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana para solicitar la inhabilidad para ejercer cargos u oficios públicos a Irací Hassler (PC) por un periodo de cinco años, debido a un presunto abandono de deberes durante su gestión entre 2021 y 2024. La exalcaldesa pidió que se declarara inadmisible.
Entre los ediles que presentaron el requerimiento el pasado 4 de junio figuran Luis Mackenna (UDI), Carolina Prieto (Republicanos), Santiago Mekis (RN), Juan Mena (RN), Vicente Martínez (Republicanos) y María José Ramírez (RN).
Entre los hechos denunciados por los concejales se encuentran irregularidades en la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN). Acusan falta de fiscalización en las transferencias de fondos, basándose en lo detectado por Contraloría: la transferencia de $8.762.928.000 desde el municipio a CORDESAN sin la correspondiente publicación en el Registro Central de Colaboradores del Estado.
En esa misma línea, apuntan a anomalías en la rendición de cuentas y a la inexistencia de un sistema electrónico de control.
Otro punto cuestionado es la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella, cuya investigación fue cerrada, y cuya audiencia de término quedó fijada para el 18 de julio sin formalizaciones.
A ello suman las irregularidades en el proceso de adquisición y entrega de tarjetas de alimentos por parte del municipio en 2024.
También acusan ausencias reiteradas e injustificadas a las sesiones del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y el incumplimiento del deber de presidir el número mínimo de sesiones anuales, según lo establece la ley.
Por último, señalan irregularidades presupuestarias y financieras, además de deficiencias en materias de seguridad pública.
La reacción de Irací Hassler tras acción de concejales de Santiago
Este miércoles 11 de junio, la exalcaldesa de Santiago solicitó al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que declare inadmisible el requerimiento presentado por los concejales.
En el documento al que tuvo acceso BBCL, se indica que “la eventual responsabilidad administrativa de esta exalcaldesa se extingue por haber cesado en sus funciones“.
Además, en el escrito se menciona que, en caso de existir un notable abandono de deberes o faltas graves al principio de probidad administrativa, el requerimiento debe interponerse dentro de los seis meses posteriores al término de su periodo edilicio.
Cabe recordar que el 15 de noviembre de 2024, Irací Hassler renunció a su cargo de alcaldesa a poco menos de un mes de que Mario Desbordes (RN) asumiera la función. Esto ocurrió dentro del plazo que expiraba dos días después, considerando sus pretensiones de una eventual candidatura parlamentaria. Por tanto, el plazo para presentar el requerimiento venció el pasado 15 de mayo.
Por otro lado, si bien se toma en cuenta lo anterior, la solicitud de Hassler sostiene que las supuestas infracciones señaladas por los ediles son materias que “están bajo el imperio de la ley“. Es decir, procesos como sumarios administrativos, causas penales, actos de la Contraloría o temas públicos sobre los que los concejales disienten.
“Más aún, el requerimiento que inicia esta causa constituye un hito más en la persecución a la que he sido sometida en diversas instancias y que no han dado origen a responsabilidad penal o administrativa en mi contra“, señala la exalcaldesa en el escrito.
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