Los dueños de la ex Fuente Alemana, actualmente llamada Antigua Fuente, presentaron una demanda en contra del Estado de Chile por daños patrimoniales y morales, la que exige una suma de $1.200 millones para su reparación. Hoy, el Consejo de Defensa del Estado respondió a esta acción judicial y señala que "afortunadamente, ninguno de los demandantes ha experimentado lesiones o daños (...)".

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó a la demanda presentada por los dueños de la ex Fuente Alemana, actualmente llamada Antigua Fuente, por daños patrimoniales y morales, en la que exigen una suma de $1.200 millones para su reparación.

Esta acción se interpuso en agosto pasado a raíz de los constantes hechos de violencia y protestas que se desarrollaron en el sector de Plaza Italia, desde octubre de 2019.

Según consignó El Mercurio, en la demanda se acusa falta de servicio por parte del Estado, detallándose un “abandono total de una verdadera zona de sacrificio”.

El CDE respondió a los argumentos de los demandantes, donde indica que las cifras propuestas son “desmesuradas”. Incluso el órgano estatal citó sentencias en que se condenó al Estado a pagar indemnizaciones.

Demanda de los dueños de la ex Fuente Alemana

El Consejo de Defensa del Estado añade que “afortunadamente, ninguno de los demandantes ha experimentado lesiones o daños que les hayan dejado secuelas irreversibles de disminución de sus capacidades. De hecho, básicamente se reclama por la situación de estrés que han experimentado mientras desarrollaban distintas labores en la Fuente Antigua”.

Así también señala que las indemnizaciones perseguidas “resultan ser incluso mayores a las concedidas por nuestros tribunales superiores en casos realmente dramáticos de pérdida de familiares cercanos”, donde se puso como ejemplo la sentencia condenatoria por la caída del avión Casa 212 en el archipiélago Juan Fernández.

Por este último caso se ordenó el pago de $50 millones a los hermanos de víctimas, entre otros montos.

“La fuerza policial siempre ha estado presente”

En la respuesta del CDE también se recalca que este local ha podido seguir funcionando, a diferencia de otros que no tuvieron más alternativa que cerrar tras la crisis social.

En esta línea, el órgano estatal asegura que “no es verdad que el Estado haya estado ‘ausente’ en el barrio en cuestión, o que las autoridades simplemente hayan ‘decidido’ dejar a los locatarios de Plaza Baquedano y sus alrededores a merced de su suerte, por tratarse de una ‘zona de sacrificio’.

“La verdad es que la fuerza policial siempre ha estado presente en dicho lugar, tanto con personal, vehículos especializados, como vigilancia vía remota mediante cámaras, respondiendo a un análisis técnico y sistémico”, se añade en la respuesta.

Sin embargo, indica que “la acción de los órganos públicos destinada a controlar y neutralizar el fenómeno delictivo será siempre inferior a la capacidad potencial de las personas para perpetrar ilícitos”.

“Se advierte una percepción subjetiva, explicable por la difícil situación que les ha tocado vivir, pero inexacta e injusta. Inexacta en la descripción fáctica e injusta en cuanto al análisis valorativo de los acontecimientos”, explican desde el CDE.

Declive económico y comercial

En cuanto a la zona donde está este local, el órgano dice que, de forma previa al año 2019, ya presentaba un declive económico y comercial.

“El adecuado posicionamiento de lo sucedido nos fuerza a constatar que el potencial económico del barrio Plaza Baquedano o Plaza Italia venía experimentando una merma gradual y paulatina desde antes del estallido social, al convertirse en un centro neurálgico de manifestaciones masivas de distinta índole, fenómeno que ciertamente se agudizó notoria y abruptamente a partir del 18 de octubre de 2019”, manifiesta el CDE.

Finalmente, en la respuesta también resalta la existencia de planes económicos estatales desplegados en ayuda a los pequeños y medianos empresarios afectados, como a través de Corfo, Sercotec y mesas de trabajo.