El proyecto de ley de Reconstrucción impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast fue objeto de un pormenorizado análisis por parte de Diego Pereira, economista jefe para el Cono Sur del banco de inversiones JP Morgan.
Resaltó la pretensión pro crecimiento mediante la reducción de la permisología y la baja de impuestos corporativos, calificándolas como “la expresión más ambiciosa de este esfuerzo en años”, a la vez que proyectó tres posibles escenarios basados en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento del Ejecutivo: uno optimista, uno intermedio y uno pesimista.
Lo destacable y los resultados que el Estado no puede controlar
El experto valoró el fuerte énfasis de la propuesta en políticas procrecimiento y la simplificación de procesos regulatorios, aunque advirtió que la iniciativa conlleva riesgos fiscales significativos al sustentarse en una premisa que calificó como atractiva, pero incierta.
Según el análisis de la entidad financiera, el Ejecutivo está intentando ejecutar una delicada maniobra económica que busca reavivar el crecimiento sin descuidar la disciplina fiscal que ha cimentado la credibilidad de Chile en los mercados globales.
El documento subraya que el plan para incentivar la inversión mediante la reducción de trabas y la baja de impuestos corporativos es la expresión más ambiciosa de este esfuerzo en años, marcando un giro profundo en la concepción de la política económica nacional.
Sin embargo, el banco alertó sobre una marcada asimetría en el diseño del proyecto, dado que los costos fiscales son inmediatos y ciertos, mientras que los beneficios proyectados dependen de variables conductuales, como decisiones de inversión y aumentos de productividad, que el Estado no puede controlar totalmente.
Uno de los pilares del proyecto es la reducción gradual del impuesto corporativo, que pasaría del 27% al 23% entre los años 2027 y 2029. Al respecto, JP Morgan estimó que el costo fiscal permanente de esta medida alcanzará el 0,44% del Producto Interno Bruto, advirtiendo además que el denominado dividendo de crecimiento podría tardar más de una década en materializarse, incluso en contextos favorables.
Pese a este riesgo, Pereira respaldó el diagnóstico del Gobierno al señalar que la lógica económica es sólida, considerando que la tasa impositiva chilena se encuentra por sobre el promedio de la OCDE, lo que afecta directamente la competitividad y la formación de capital.
En cuanto a la agenda de simplificación regulatoria, el informe la calificó como el componente con mejor relación costo-beneficio de toda la reforma.
El banco destacó positivamente las modificaciones propuestas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la aceleración de permisos y el establecimiento de límites a las medidas cautelares ambientales.
Si bien estas medidas podrían reducir drásticamente los plazos de ejecución de grandes proyectos, el reporte también reparó en que la limitación de 30 días para cautelares es un punto controversial, pues si bien otorga certeza jurídica a los inversores, podría eventualmente comprometer la protección ambiental efectiva.
Lo que podría pasar
Para evaluar el impacto fiscal a largo plazo, JP Morgan trazó escenarios posibles basados en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento del Ejecutivo.
En un panorama optimista, donde se concrete la totalidad del crecimiento esperado, la reforma alcanzaría el equilibrio fiscal en un plazo de cinco a seis años.
Por el contrario, en un escenario intermedio donde solo se cumpla la mitad de lo proyectado, el proyecto representaría una carga financiera persistente por casi una década.
En el caso más pesimista, con apenas un 25% del crecimiento previsto, la reforma resultaría permanentemente costosa, elevando el déficit fiscal entre un 0,16% y un 0,52% del PIB.
Finalmente, el banco observó que el Gobierno ha intentado compensar la reducción de ingresos y el mayor gasto mediante ajustes administrativos.
JP Morgan enfatizó, finalmente, que el éxito de esta gran apuesta de la administración Kast reside en la idea de que el dinamismo económico sea capaz de entregar los recursos que el presupuesto nacional, por sí solo, no puede garantizar en la actualidad.
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