Mientras la justicia chilena busca hacer efectivo el bloqueo a las plataformas de apuestas online que operan fuera de la ley —ordenando a las empresas de telecomunicaciones restringir estos sitios web—, en el Congreso avanza una discusión clave para el futuro de esta industria: el proyecto que busca regular oficialmente las apuestas en línea en el país.
La iniciativa, ingresada en marzo de 2022 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (Boletín 14838-03) y posteriormente respaldada por la administración de Gabriel Boric mediante reiteradas urgencias legislativas, se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. Esto, recordemos, en medio de un escenario marcado por fallos judiciales que buscan frenar el funcionamiento de estas plataformas.
Ahora, el gobierno de José Antonio Kast volvió a acelerar su discusión al otorgarle suma urgencia este miércoles. No solo eso, sino que este lunes el Ejecutivo también le dio urgencia a otro proyecto (Boletín 16471-29) que prohíbe la celebración de contratos con fines publicitarios entre jugadores de fútbol profesional y plataformas de apuestas en línea.
De hecho, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) valoró la decisión del Gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto de ley y reiteró su disposición a contribuir técnicamente en este proceso, “tal como lo hemos hecho desde el inicio de la discusión legislativa en 2022”, aseguraron.
En resumen, el proyecto apunta a crear un marco regulatorio para autorizar y fiscalizar a las empresas de apuestas online, estableciendo requisitos para su operación. Por ejemplo, según indica el documento, entre sus principales objetivos están la protección de los jugadores, el combate a conductas adictivas y al juego ilegal, además de la regulación de la publicidad y el resguardo de los intereses fiscales.
En agosto del año pasado, la Comisión de Hacienda propuso a la Sala del Senado aprobar el proyecto en general, siguiendo el camino ya trazado por la Comisión de Economía, señalando que es imperativo transitar desde la ilegalidad actual hacia un mercado regulado, enfatizando además la importancia de establecer normas estrictas para impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes (NNA) a las apuestas. ¿Qué dice el proyecto?
Ideas generales del proyecto
En primer lugar, se tiene que quienes pretendan desarrollar plataformas de apuestas en línea deberán solicitar una licencia general de operación para su explotación, la cual viene acompañada del pago de un impuesto. Los interesados también deben constituirse en Chile como sociedades anónimas cerradas con objeto exclusivo para esta actividad.
La actual Superintendencia de Casinos de Juego se transforma en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar (SCJ). Esta entidad tendrá la facultad de otorgar licencias, supervisar el cumplimiento técnico y sancionar infracciones. Además, las operadoras de estos sitios de apuestas deberán permitir que la Superintendencia tenga acceso remoto en tiempo real a sus plataformas para fiscalizar apuestas, pagos y flujos financieros.
Se crea la Política Nacional de Apuestas Responsables, un instrumento regulatorio que define los lineamientos y objetivos para promover prácticas de juego saludables y prevenir enfermedades asociadas a las apuestas, como la ludopatía.
El proyecto de ley propone un esquema de impuestos y pagos que busca que las plataformas de apuestas paguen de forma similar a los casinos físicos en Chile, donde deberán pagar un impuesto específico del 20% sobre sus ingresos brutos, además de IVA. También, crea un impuesto específico denominado “tasa de aporte al juego responsable”, que equivale al 1% de los ingresos brutos anuales de las sociedades operadoras.
Solo podrán realizar publicidad o promoción aquellas plataformas que cuenten con una licencia de operación vigente otorgada por la Superintendencia. Toda publicidad deberá ajustarse a los lineamientos de la Política Nacional de Apuestas Responsables y se prohíbe explícitamente cualquier publicidad orientada a menores o que utilice gráficas, símbolos o personajes que induzcan su participación.
La ley entrega herramientas para bloquear sitios web e IPs de plataformas no autorizadas y obliga a los bancos a bloquear transacciones de dinero hacia estos sitios. Además, el texto moderniza los tipos penales para perseguir actividades ilícitas relacionadas con las apuestas en línea, incorporándolas en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, con nuevos delitos con penas de cárcel para quienes operen sin permiso y multas que van de 11 a 200 UTM.
Quiénes no pueden participar en las apuestas online
El artículo 5 del proyecto de ley establece que no podrán abrir o mantener una cuenta de apuestas:
1. Los niños, niñas y adolescentes.
2. Los privados de razón y los interdictos por disipación.
3. Los que no cuenten con rol único nacional o un número de identificación fiscal que tenga validez en el país.
4. Aquellos que voluntariamente se hayan autoexcluido.
5. Aquellos que hayan infringido las condiciones de desarrollo de apuestas en la plataforma.
6. Las personas privadas de libertad.
7. Los que, en virtud de una resolución judicial, sean deudores de tres o más cuotas consecutivas impagas de pensión de alimentos.
Además, el artículo 6 establece que no podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna apuestas en las plataformas de apuestas en línea ni realizar apuestas en eventos únicos, las siguientes personas.
1. El personal de la SCJ.
2. Los funcionarios públicos que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos.
3. Las personas que ejerzan labores fiscalizadoras en plataformas de apuestas en línea o casinos de juego, hasta seis meses después de cesar en sus funciones.
4. El personal, los accionistas, directores, gerentes o beneficiarios finales de la sociedad operadora respectiva o del grupo empresarial en la plataforma de apuestas en línea a la que estuvieran relacionados.
5. Las personas con cuentas suspendidas.
El proyecto propone que quien cree una cuenta de usuario para desarrollar apuestas en línea con información falsa acerca de su identidad, o que vulnere los mecanismos de resguardo para su comprobación, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 20 UTM.
Se crea el Registro Nacional de Autoexclusión para Jugadores
El Registro Nacional de Autoexclusión es una de las herramientas centrales del proyecto de ley para proteger la salud de los jugadores y prevenir la ludopatía. El mecanismo está diseñado para personas que decidan, por voluntad propia, excluirse de participar en las plataformas de apuestas en línea.
La SCJ será la encargada de regular este mecanismo, definiendo los procedimientos que las sociedades operadoras deben implementar de manera efectiva.
Un detalle importante es que el registro será vinculante tanto para las plataformas de apuestas en línea como para los casinos físicos. Si una persona se autoexcluye de uno, la prohibición se extiende al otro sistema. El periodo de exclusión solicitado por el usuario no puede ser inferior a seis meses.
Un periodo de “cooling off” para los operadores actuales
Para los operadores que actualmente funcionan de manera ilegal, se establece un periodo de pausa (cooling off). En concreto, no podrán solicitar licencias si han operado ilegalmente en Chile en los últimos 12 meses previos a la solicitud.
Asimismo, para regularizar su situación y poder postular a una licencia futura, deberán pagar un impuesto único y sustitutivo del 31% sobre sus ingresos brutos de los últimos 36 meses, reconociendo los ingresos no tributados previamente.
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