El OS9 alertó la mañana de este viernes por estafas a través de la portabilidad numérica. En la región Metropolitana, la banca ha detectado transacciones anormales de $81 millones bajo dicha modalidad.
Fue el pasado 16 de septiembre que se produjo el intento de retiro ilegal desde dos empresas, las que se habrían realizado por aplicaciones telefónicas, por medio de la suplantación de identidades.
En el primer caso, personal del OS9 detuvo a una ex ejecutiva de banco en Santiago que tramitaba el retiro de $49 millones desde fondos de dos empresas estafadas. La mujer fue formalizada y derivada al primer control de detención el 17 de septiembre, ordenándose la medida cautelar de firma quincenal, durante el plazo de la investigación.
Paralelamente, en Melipilla, fue detenido L.F.Z.B., quién gestionaba el retiro de $32 millones desde los fondos de las empresas estafadas registradas en el caso anterior. El sujeto fue detenido y quedó apercibido por la justicia.
El trabajo investigativo estableció que las empresas afectadas, fueron suplantadas con documentación falsos para portar los teléfonos celulares a otras compañías telefónicas; así pudieron obtener una nueva SIM y habilitar las aplicaciones bancarias, para realizar una serie de transacciones.
“Se ha logrado establecer frente a investigaciones desarrolladas principalmente ante el cobro o giros en entidades bancarias por distintas sumas de dinero, las cuales afectaban a empresas donde quienes estaban encargados de la administración de estas fueron portados sus teléfonos celulares”, explicó la teniente Javiera García del OS9 de Carabineros.
“Estas bandas con documentación falsa general el trámite de portabilidad numérica, a través de esta, posteriormente, al habilitar el nuevo número de teléfono, obteniendo la nueva SIM y al restablecer las aplicaciones tienen acceso a datos bancarios, como también a una serie de información que aun registra el número, como contacto de WhatsApp y otros”.
Asimismo, teniendo esa información, realizaban la ingeniería social, que consiste en captar información privilegiada, generando así una serie de estafas.
El delito se ha desarrollado en distintas partes del país, haciendo transacciones por $1.600 millones.
