El Ministerio de Educación nombró al primer superintendente de Educación Superior, el abogado de la Universidad de Los Andes, Jorge Avilés.

Dentro de sus funciones, tendrá que anticiparse a las crisis de las instituciones, para evitar nuevos casos como los ocurridos en la Universidad Arcis o la Universidad Iberoamericana, algo que sin embargo, no pudo garantizar.

En cuanto a la expertiz para asumir en el cargo, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, evitó referirse al currículum académico del exasesor legislativo de Chile Vamos.

Jorge Avilés, cuenta con un máster en Derecho, con especialización en regulación económica en la Universidad de California, Estados Unidos, y fue uno de los abogados que patrocinó el recurso para declarar inconstitucional la gratuidad en 2015.

Universidad Iberoamericana

Además, desde el Mineduc reconocieron que, hace cuatro meses, el administrador de cierre de la Universidad Iberoamericana no recibe su sueldo, debido a la crisis económica del plantel. Por esta razón, la cartera se abrió a que estos honorarios sean parte del convenio que se trabaja con la Universidad de Santiago.

Al igual como el administrador de cierre de la Universidad Arcis, Jorge Rojas; su par de la Universidad Iberoamericana, José Jara, también se encuentra hace meses con su sueldo impago, ya que la ley que los mandata, establece que sus honorarios serán cancelados por la institución en crisis. Sin embargo, el plantel está a punto de caer en quiebra.

Debido a esta situación, el administrador de cierre de la Iberoamericana envió un oficio a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, pidiéndole una solución, ya que hace cuatro meses que no se pagan sus honorarios.

Consultada sobre la situación, la ministra Cubillos se negó a dar una respuesta sobre el fondo.

El jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, reconoció que existe esta deuda con el administrador de cierre de la Iberoamericana y se abrió a que sus honorarios se incluyan en el convenio que se trabaja con la Universidad de Santiago.

Pese a todos los vacíos y dificultades que ha tenido aplicar la ley de administración provisional y de cierre, y ante la necesidad de seguir usándola en otras universidades; en el Gobierno no existe urgencia por modificarla, pese a existir un compromiso del Ministerio de Educación en esa línea.