El Gobierno Regional del Maule decidió no seguir adelante con un proyecto de Urbanismo Social, para el cual había adjudicado $264 millones a la fundación. Radio Bío Bío tuvo acceso a un documento en el que el GORE les pedía contratar a un concejal de Curicó para el desarrollo de esta iniciativa, pero la organización aseguró que no cumplía con el perfil. De acuerdo al Gobierno Regional, se echa pie atrás considerando esta situación y la emergencia climática que ha afectado a la zona centro sur del país.
El Gobierno Regional del Maule decidió no perseverar en el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”, para el cual la Fundación Urbanismo Social se había adjudicado $264 millones.
De acuerdo a esta repartición, las prioridades cambiaron producto de la emergencia climática que atravesó la zona centro sur del país la semana pasada.
Cabe recordar que el GORE, liderado por la gobernadora Cristina Bravo (DC), pidió a la fundación que contratara a tres personas para desarrollar este proyecto. Entre estos nombres destacaba Javier Ahumada, concejal de Curicó y también demócrata cristiano.
Sin embargo, la fundadora y presidenta del directorio de Urbanismo Social, Pilar Goycoolea, respondió que contratarían sólo a dos de los candidatos propuestos, dejando fuera al cuestionado edil.
“Como directorio vemos incompatible la posibilidad de ser parte del proyecto cuando se está asumiendo una función pública de representación popular, dada la naturaleza del programa que implica gestionar procesos de participación ciudadana e involucramiento con las comunidades”, señaló Goycoolea a través de una carta.
Esta es la primera vez que un documento acredita la solicitud de contratar a personas cercanas o militantes de partidos específicos para la adjudicación de proyectos.
Urbanismo Social: GORE del Maule dio pie atrás con el traspaso de recursos
“El propio legislador, es quien a través de la aprobación de la ley de presupuestos de cada año, propone los mecanismos por los cuales los Gobiernos Regionales pueden ejecutar su presupuesto, en tanto que, son las propias glosas presupuestarias las que definen los procedimientos y las condiciones bajo los cuales se efectúa la aplicación de los recursos que se transfieren”, señaló el Gobierno Regional por medio de un comunicado.
En ese sentido, explicó que “en el caso de la Glosas 5.1 del año 2022 se señalaban una serie de condicionantes y tipologías de programas que eran susceptibles de ser aprobados: entre ellas que fuese a instituciones privadas, sin fines de lucro y con personalidad jurídica vigente no inferior a dos años, con competencia en diversas tipologías de proyectos, entre ellos, la inclusión y rehabilitación social”.
“Esta misma glosa, durante el año 2023 corresponde a la 7.1, y se flexibilizó los requisitos, no incorporando ni la antigüedad de las instituciones ni las tipologías de proyectos que pudiesen financiarse, haciéndose extensivo el financiamiento para programas, proyectos y estudios”, agrega.
Sin embargo, el GORE decidió dar marcha atrás “con ocasión del hecho público y notorio de estar expuestos como caso, y dado además que las prioridades de este Gobierno Regional han cambiado a raíz de la emergencia climática reciente”.
