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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, será formalizado este lunes y martes por fraude al fisco, junto a un exdirector jurídico y cuatro exconcejales. La investigación apunta a la condonación de $1.200 millones en patentes comerciales a la Embotelladora Llacolén, aprobada en 2020. Es el quinto intento de realizar la audiencia, suspendida durante dos años. La Fiscalía podría pedir prisión preventiva, mientras las defensas plantean que el delito podría estar prescrito y cuestionan la legalidad de los cobros municipales.

Este lunes y martes se formalizará al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por fraude al fisco en medio del caso Embotelladora Llacolén – propiedad de Alberto Scuncio-, junto a un exdirector jurídico y cuatro exconcejales.

La causa indaga la condonación de 1.200 millones de pesos por concepto de patentes comerciales, aprobado por el concejo municipal de la época en 2020.

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Se trata del quinto intento del Ministerio Público para formular dicho cargo y solicitar medidas cautelares. La instancia ha sido suspendida durante dos años desde que fue abierta la causa en el Juzgado de Garantía de Coronel por falta de jueces, por el no acceso completo a la carpeta judicial virtual reclamado por los defensores, y por la licencia médica del abogado Waldo Ortega, quien representa al jefe comunal.

La fiscal anticorrupción Glenda Lagos se refirió a la inminente audiencia, adelantando que podrían solicitar medidas cautelares ser privativas de libertad, como la prisión preventiva.

Junto al jefe comunal, están como imputados cuatro exconcejales que aprobaron la condonación: Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes. Además del director jurídico de la época, Cristián Pinto.

Gran parte de los imputados dejaron su cargo en 2024, por lo cual se evalúa la potencial prescipción del ilícito acusado por la Fiscalía, según explicó uno de los defensores penales, Andrés Cruz.

El defensor penal privado descartó un avenimiento entre las partes, ya que la autorización del Concejo Municipal al alcalde en esta materia se dio con base en “informes de peritos independientes que manifestaban irregularidades en el cobro de derechos por parte de la municipalidad hacia una entidad empresarial”.

Por ello fue que la Embotelladora Llacolén demandó civilmente al municipio, acusando cobros irregulares los que, de comprobarse, podrían echar por tierra los argumentos de un eventual actuar defraudatorio que acusan la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.