El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, se refirió en un video a la solicitud de 8 años de cárcel que en total pide el Ministerio Público en su contra por delito reiterado de cohecho en el caso Puerto Coronel, en la región del Bío Bío.
En el caso del jefe comunal, se le acusa de recibir 82 millones de pesos en sobornos, los que eran pagados por orden de exgerentes del Puerto Coronel, también imputados en esta causa.
Tras conocerse la acusación que presentó el Ministerio Público y las penas solicitadas para cada uno de los imputados en este caso, el alcalde —con militancia suspendida del Partido Socialista— grabó un video donde aseguró que cree plenamente en las instituciones.
“Siempre he sido muy respetuoso y prudente del debido proceso y creo plenamente en las instituciones, pero llegó la hora de hablar. Qué duda cabe de que este ha sido el proceso más difícil de mi vida, pero soy un hijo de Coronel, soy de esas generaciones que nos enseñaron a nunca renunciar”, afirmó.
“En esta nueva etapa tendremos la posibilidad de demostrar nuestra inocencia, de entregar las pruebas suficientes y, por sobre todo, de limpiar mi honra, la de mi familia y la de todos quienes nos aprecian”, reforzó en el registro que difundió en sus redes sociales.
Chamorro también llamó a “calmar las malas intenciones y las ansiedades de algunos”, asegurando que sigue trabajando en beneficio de los vecinos.
Penas que pide la Fiscalía por caso Puerto Coronel
El alcalde coronelino y el exconcejal Eduardo Araya arriesgan dos penas que en total suman 8 años de cárcel por delito de cohecho. De acuerdo con la fiscal Glenda Lagos, Chamorro recibió sobornos por 82 millones de pesos y Araya 70 millones de pesos.
Respecto de esos ejecutivos, el Ministerio Público está pidiendo penas que llegan en algunos casos a 38 años de cárcel, como es el caso de Eduardo Hartwig, a quien se imputa por soborno, administración desleal y delitos tributarios.
Para Javier Anwandter y Daniel Chamorro, la Fiscalía persigue 18 y 28 años de cárcel, respectivamente, mientras que para los contratistas del puerto Víctor Olivares y Hernán Romero, este último hermano del exdiputado Leonidas Romero, las sanciones requeridas llegan a los 7 años de prisión, por los delitos de administración desleal y facilitación de facturas falsas.
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