El Consejo de Defensa del Estado aceptó el pago de los 7 millones de dólares de indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la Matanza de Laja-San Rosendo, después de decidir no impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Sólo los querellantes y las defensas en la arista penal recurrieron de casación a la Corte Suprema, a fin de mantener, rebajar o revocar las condenas dictadas contra los ex miembros de Carabineros y el ex funcionario de la CMPC, a quienes la justicia responsabilizó por la ejecución de los 23 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles en 1973.
El jefe del Consejo de Defensa en Concepción, Georgy Schubert, explicó la decisión de no ir al máximo tribunal, no obstante que la Corte de Apelaciones penquista aumentó de 2 mil 500 millones a más de 5 mil millones de pesos las reparaciones a los familiares de las víctimas.
Si bien quedó zanjada la arista civil y el monto de las indemnizaciones, el abogado querellante, Adolfo Montiel, indicó que no se podrá iniciar el trámite para el cobro de las reparaciones, pues la Corte Suprema ha establecido que se debe esperar a la sentencia definitiva.
