Alcaldes del Gran Concepción difieren en relación a la necesidad de que vuelva la presencia militar para controlar los saqueos y daños a infraestructura pública y privada.
Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asociación de Municipalidades de la región del Bío Bío y alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, quien se abrió a la posibilidad de que el Gobierno la considere. No obstante, algunas de sus contrapartes aseguran que no es necesario.
Luego que desconocidos saquearan dos supermercados en Chiguayante durante la noche del martes, y la falta de resguardo policial, el alcalde Antonio Rivas, en conjunto con otros jefes comunales del Gran Concepción, exigieron al Ejecutivo que cumpla con su obligación de dar seguridad a la ciudadanía, bajo el complejo escenario actual.
Rivas explicó que en su comuna se cuenta con poca presencia policial y que es obligación del Estado otorgar seguridad.
“Lo que nosotros necesitamos es seguridad, eso no necesariamente es con más o menos militares (…). La medida la tiene que tomar el Gobierno”, afirmó.
Por su parte, el alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz, enfatizó en que pese a que su comuna es una de las más afectadas por la violencia, explicó que son las autoridades políticas y policiales las que deben controlar la situación.
“Las Fuerzas Armadas cumplieron una labor puntual, ahora hay que dar paso a las medidas profundas, al diálogo, a ser capaces de asumir liderazgos, y que cuando no los hay, doblemente hay que asumirlos”, expresó.
Por su parte, el jefe comunal de Lota, Mauricio Velásquez, dijo que las policías deben ser suficientes para enfrentar el escenario actual.
“Yo necesito que el Ministerio del Interior de una vez por todas haga su trabajo y esa responsabilidad es de las policías en ejercicio”, aseveró.
A la cita de los alcaldes también acudió el alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera, quien se fue antes de ser requerido por la prensa.
