El diputado Jaime Tohá denunció el “blanqueamiento” de pesca ilegal que estarían generando diversos actores, entre los que participarían incluso funcionarios de Sernapesca.

Una investigación de Sernapesca confirmó el “modus operandi” con declaraciones “brujas” de desembarque de 15.000 toneladas de Jibia.

Su acusación se fundamenta en advertencias de representantes de los pescadores artesanales, quienes afirmaron que las estadísticas de desembarque de diciembre de 2017 y enero de 2018 en la región del Bío Bío no se condicen con la realidad.

Esta situación se remontaría al Comité de Manejo del recurso jibia, con fecha 6 de febrero de este año.

Así lo informó el diputado Jaime Tohá, quien indicó que él tomó conocimiento en abril recién pasado de esto, que ofició a las autoridades y que debió insistir en tres ocasiones con la Subsecretaría de Pesca para que se entregara una respuesta.

Tras una investigación, el organismo confirmó los hechos este 9 de julio.

De hecho, relatan desembarques de jibia entre diciembre de 2017 y enero de 2018 en los muelles de Calta Llico y Tubul que nunca existieron, con el supuesto objetivo de sustentar la elaboración de harina de pescado con sardina común y anchoveta, recursos que está en veda.

El diputado Jaime Tohá fue más allá y acusó al Servicio Nacional de Pesca de normalizar estas prácticas.

Todo esto, a raíz de que el documento de Sernapesca relata como modus operandi que los armadores de embarcaciones -preferentemente de menos de 12 metros de eslora- declaraban datos y fechas de zarpe y recalada, además de puntos de descarga, señalando que se dirigían a una comercializadora que efectuaba un traslado ficticio, indicando como destino una planta de congelado.

Ésta última empresa sería la que declaraba el abastecimiento y después rechazaba el recurso, asegurando que con esto se hacía harina de pescado en base a jibia, que en realidad se elaboraba con otros productos como la sardina común y la anchoveta.

Es decir, se hizo todo el seguimiento de este ilícito y además de establecer turnos de 24 horas por 7 días en los puntos de descarga de Lebu, Tubul y Coronel, o informar al Servicio de Impuestos Internos y cursar 101 citaciones y denuncias, no hay otras sanciones contempladas.

Es por esto que ha surgido nuevamente la discusión en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de sanción en la Ley de Pesca. Sin embargo, el parlamentario Jaime Tohá es escéptico en esta materia en relación con Sernapesca.

“Está bien, hay que fortalecer a Sernapesca, pero ¿quien fiscaliza a Sernapesca?” cuestionó.

Para este miércoles, agregó Tohá, están citados representantes del cuestionado organismo a la Cámara de Diputados para explicar por qué este tipo de “blanqueamiento” de pesca ilegal es posible, considerando que hay empresas externas que deben certificar los desembarques de jibia y que el propio organismo cuenta con fiscalizadores.

Consultados en el Servicio Nacional de Pesca sobre estos hechos, en un principio aseguraron que entregarían los antecedentes y responderían transparentemente a las acusaciones, pero finalmente señalaron que sólo hablarían tras declarar en el Congreso.