La Municipalidad de San Antonio —en la región de Valparaíso— solicitará al Gobierno la implementación de un plan especial para avanzar en una solución de vivienda a familias que por años están esperando por el sueño de la casa propia en la comuna. La petición surge luego de que el Ministerio de Vivienda (Minvu) anunciara la expropiación de 100 hectáreas del terreno donde está emplazada la megatoma del Cerro Centinela.
Según detallan, en la comuna hay 67 comités de vivienda con personalidad jurídica y están inscritas en el municipio, mientras que 11 de ellas están recibiendo asesoría directa de la Oficina de Gestión Habitacional. “Estas organizaciones han sostenido un trabajo constante, ordenado y comprometido, reflejando la voluntad de la comunidad por acceder a una vivienda definitiva”, destacaron en un comunicado.
En ese mismo contexto, exponen que los vecinos de San Antonio, que incluso llevan décadas esperando una solución, cumpliendo con los requisitos y el ahorro exigido, requieren de una respuesta estatal.
“La vivienda digna constituye un derecho fundamental, y su acceso oportuno es esencial para el bienestar y la proyección de las familias”, enfatizaron y añadieron que “la magnitud del déficit habitacional en San Antonio requiere medidas especiales y una coordinación efectiva entre el nivel local y el central, a fin de avanzar en soluciones que otorguen certeza, dignidad y seguridad a la comunidad”.
Fue el martes que el Ministerio de Vivienda confirmó la expropiación de parte del terreno usurpado, correspondiente a 100 hectáreas, para desarrollar un proyecto inmobiliario de vivienda social. En la ocupación ilegal viven más de 10 mil personas.
Cuestionamiento a anuncio de expropiación
La medida fue duramente criticada por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, dueña del terreno en cuestión, acusando un “trato injusto y arbitrario” por parte del Gobierno al pretender “sortear el desalojo de su propiedad usurpada”.
“Ahora el gobierno, en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin diálogo de por medio”, enfatizaron los propietarios.
En tanto, diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum Muñoz, Carla Morales Maldonado, Andrés Celis Montt y Andrés Longton Herrera, pidieron a la Contraloría determinar si el Minvu puede “recurrir a la expropiación como mecanismo para resolver ocupaciones irregulares en inmuebles cuyo lanzamiento ha sido ordenado por los tribunales de justicia”.
En su requerimiento, los parlamentarios argumentan que esta expropiación “vulnera también el principio constitucional de igualdad ante la ley, pues convierte al propietario afectado en el único agente obligado a soportar el costo de la ocupación irregular, mientras que los ocupantes ven transformada su conducta al margen del derecho en un acto beneficioso”.
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