“Los tratados internacionales me imponen tener un régimen distinto para los adultos y los jóvenes. Todas las indicaciones del Gobierno del presidente José Antonio Kast están respetando la normativa internacional”.
Con esa afirmación, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, salió a defender las indicaciones que el Gobierno ingresará al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego de que expertos y parlamentarios cuestionaran que algunas de las medidas podrían contravenir los compromisos internacionales suscritos por Chile.
El debate se da en medio de la aprobación en general de la iniciativa en el Senado y de las advertencias formuladas por académicos convocados por la Defensoría de la Niñez, quienes sostuvieron que endurecer las sanciones contra adolescentes no ha demostrado reducir la reincidencia y, en ciertos casos, incluso podría incrementarla.
Frente a esos cuestionamientos, Rabat insistió en que las propuestas del Ejecutivo se ajustan al derecho internacional y descartó que el proyecto tenga un enfoque exclusivamente punitivo.
“No estamos solamente sancionando, estamos trabajando fuertemente en reinserción”, aseguró esta mañana en 24 Horas.
Las modificaciones que impulsa el Gobierno a ley de Responsabilidad Penal Adolescente
El secretario de Estado explicó que las indicaciones buscan corregir lo que considera vacíos de la legislación vigente. Según Rabat, uno de los principales problemas es que la normativa actual no considera la reincidencia ni la reiteración de delitos al momento de fijar las sanciones.
A ello sumó que un adolescente condenado a un régimen cerrado puede solicitar inmediatamente la sustitución de la pena.
Por ello, el Ejecutivo propondrá incorporar ambos criterios para aumentar las sanciones en determinados casos.
“En primer lugar estamos estableciendo reincidencia y reiteración de delitos (…) quien cometa dos o más delitos pueda subir el tramo de la pena”, explicó.
Asimismo, el Gobierno pretende limitar el acceso anticipado a la sustitución de la condena para quienes sean sentenciados por delitos graves.
“Una vez que se cometa un delito grave, no puedan pedir sustitución inmediatamente de la pena, sino que en algunos casos pueda esperar el 50% de su cumplimiento y en otros dos tercios”, detalló.
La discusión en el Congreso
El Senado aprobó ayer en general la reforma por 37 votos a favor y 3 en contra. La iniciativa busca fortalecer la respuesta del sistema frente a delitos graves cometidos por adolescentes, incorporando nuevas reglas para la reincidencia, modificaciones a las penas y cambios en las medidas cautelares.
Sin embargo, las propuestas del Ejecutivo ya enfrentan reparos. Una declaración suscrita por académicos de distintas universidades, convocados por la Defensoría de la Niñez, concluyó que la evidencia disponible no respalda que el endurecimiento de las sanciones reduzca la reincidencia y advirtió que, en algunos casos, esa estrategia puede producir el efecto contrario.
Ahora el proyecto volverá a la Comisión de Constitución del Senado para su discusión en particular. El plazo para presentar indicaciones vence el próximo 17 de julio.
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