El derecho de un pueblo a escribir su destino

Las constituciones suelen entenderse como el marco que organiza el poder, protege los derechos de los ciudadanos y establece las reglas fundamentales de la convivencia democrática. Las imaginamos como textos que se debaten en los parlamentos, se interpretan en los tribunales y evolucionan con el tiempo mediante los mecanismos que cada sociedad ha establecido para reformarlas. Rara vez pensamos que una Constitución también puede convertirse en algo que deba ser defendido frente a una invasión militar.

Sin embargo, esa es precisamente la reflexión que invita a hacer cada 28 de junio, Día de la Constitución de Ucrania. La fecha recuerda la aprobación, en 1996, de la primera Constitución del Estado ucraniano independiente, cinco años después de la recuperación de su soberanía tras la disolución de la Unión Soviética. Aquella histórica sesión parlamentaria, conocida como la “noche constitucional”, dio forma jurídica a un proyecto nacional que buscaba consolidar la independencia recuperada en 1991 y establecer los principios sobre los cuales los ucranianos decidían construir su futuro.

Pero la Constitución de 1996 no surgió en un vacío histórico. Forma parte de una tradición política y jurídica que hunde sus raíces en más de un milenio de historia. Ya en el siglo XI, durante la Rus de Kyiv, el príncipe Yaroslav el Sabio impulsó la Ruska Pravda, uno de los primeros cuerpos legales de Europa oriental, que regulaba aspectos civiles, penales y comerciales de la época y reflejaba una temprana concepción del orden jurídico. Siglos más tarde, el Hetmanato Cosaco desarrolló instituciones propias de gobierno, en las que la autoridad del hetman convivía con consejos y mecanismos de deliberación que expresaban una arraigada tradición de participación política.

Esa evolución encontró uno de sus momentos más significativos en 1710 con la Constitución de Pylyp Orlyk, considerada por numerosos especialistas como uno de los antecedentes más tempranos del constitucionalismo moderno europeo. El documento limitaba las atribuciones del gobernante, establecía mecanismos de control del poder, definía competencias institucionales y reconocía derechos de la comunidad política, anticipando principios que décadas más tarde se convertirían en pilares del constitucionalismo liberal.

La Constitución de 1996 representa, por lo tanto, mucho más que el nacimiento jurídico del Estado ucraniano contemporáneo. Es la continuidad de una aspiración histórica: que los ucranianos puedan darse sus propias instituciones, gobernarse conforme a ellas y decidir libremente el rumbo de su país.

Como toda constitución democrática, consagra valores ampliamente reconocidos por el constitucionalismo moderno, la soberanía popular, la integridad territorial, el Estado de derecho, la división de poderes, la protección de los derechos y libertades fundamentales, el pluralismo político y la dignidad humana como fundamento del orden jurídico. Pero, sobre todo, afirma un principio que en tiempos de paz suele parecer evidente, es el propio pueblo quien tiene el derecho de decidir las reglas bajo las cuales quiere vivir.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, la guerra suele describirse en términos geopolíticos, una disputa por territorios, áreas de influencia o equilibrios estratégicos. Sin embargo, resultan insuficientes para explicar aquello que millones de ucranianos defienden cotidianamente. Lo que está en juego no es solamente el control de una frontera. Es el derecho de una nación a decidir por sí misma su organización política, sus instituciones y su futuro. En otras palabras, el derecho a tener una Constitución propia y a que nadie pueda imponerle otra realidad por la fuerza.

Las constituciones representan la máxima expresión jurídica de la voluntad soberana de un pueblo. Pero existe una condición previa y necesaria a cualquier texto constitucional, que ese pueblo sea libre para escribirlo. Cuando esa libertad desaparece, la Constitución puede seguir existiendo sobre el papel, pero pierde aquello que le da sentido. Ningún catálogo de derechos, por completo que sea, puede sobrevivir allí donde la soberanía deja de pertenecer a quienes esos derechos deberían proteger.

Quizás por eso la experiencia ucraniana también afecta a quienes vivimos a miles de kilómetros del frente de batalla. En América Latina estamos acostumbrados a debatir nuestras constituciones. Discutimos reformas, nuevos derechos, sistemas políticos, distribución del poder, mecanismos de representación o el alcance de las garantías sociales.

Chile vivió recientemente uno de los procesos constitucionales más relevantes de su historia democrática. Argentina reformó su Constitución hace poco más de tres décadas. Otros países de la región han recorrido caminos similares. Esas discusiones son naturales y propias de sociedades libres, pero rara vez nos detenemos a pensar en la condición que hace posible todos esos debates. Podemos discrepar sobre nuestras constituciones porque nadie cuestiona nuestro derecho a tenerlas. Podemos discutir qué artículos modificar porque ningún ejército extranjero pretende decidir por nosotros cuál debe ser nuestro sistema político, nuestras instituciones o nuestra identidad nacional, y cuando damos esa posibilidad por sentada, ucrania nos recuerda que no siempre lo está.

Nuestra propia historia debería ayudarnos a comprenderlo. Las repúblicas latinoamericanas nacieron de procesos de independencia cuyo objetivo fundamental era precisamente ese: dejar de recibir las leyes desde otra capital y asumir el derecho de gobernarse a sí mismas. La autodeterminación de los pueblos no es un concepto ajeno a nuestra tradición política, constituye uno de sus pilares fundacionales y uno de los principios sobre los que se construyó el derecho internacional contemporáneo.

Por eso, el Día de la Constitución de Ucrania no debería entenderse únicamente como una conmemoración nacional ni como una efeméride europea. También ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero significado de una Constitución.

Con frecuencia evaluamos estos textos por la cantidad de derechos que reconocen o por la calidad de las instituciones que diseñan. Son debates importantes y necesarios. Pero antes de preguntarnos qué derechos debe proteger una Constitución existe otra pregunta, mucho más elemental: ¿quién tiene la autoridad legítima para escribirla? Y esa es la pregunta que hoy responde Ucrania, no solo en su Parlamento o en sus tribunales, sino también en sus ciudades bombardeadas, en sus escuelas que vuelven a abrir, en los hospitales que siguen funcionando y en quienes sostienen, incluso en medio de la guerra, la continuidad de un Estado que se niega a desaparecer.

Defender hoy la Constitución de Ucrania no significa únicamente preservar un texto aprobado hace treinta años. Significa resguardar una tradición política que atraviesa casi un milenio de historia y que, con avances, interrupciones y renacimientos, ha mantenido la clara aspiración de que los ucranianos sean quienes decidan las reglas bajo las cuales desean vivir.

Tal vez esa sea la enseñanza más profunda del 28 de junio. Una Constitución no comienza con un artículo ni termina en un texto promulgado. Comienza mucho antes: con el derecho irrenunciable de un pueblo a decidir libremente su destino.
Mientras en América Latina debatimos, y con mucha razón, cómo perfeccionar nuestras instituciones, los ucranianos siguen defendiendo la condición que hace posible cualquier debate constitucional, la existencia de un Estado soberano.

A veces la distancia geográfica nos hace creer que ciertas historias pertenecen a otros. Pero la historia de Ucrania habla de un principio que en América Latina conocemos bien. Antes que constituciones, congresos o elecciones, nuestros pueblos lucharon por algo mucho más simple y mucho más profundo, el derecho a decidir por sí mismos. Dos siglos después, ese mismo principio sigue encontrando hombres y mujeres dispuestos a defenderlo.

Comprender lo que hoy defienden los ucranianos es reconocer un principio que en América Latina conocemos muy bien, el derecho de un pueblo a decidir su propio destino.

Alejandro Pundyk
Lic. en Administración, Universidad de Buenos Aires.
Descendiente de ucranianos.
Activista por Ucrania y traductor al español del libro Ecos de guerra.