El costo de la resiliencia: una inversión que permite salvar vidas

La resiliencia no es un gasto: es la inversión que permite salvar vidas, reducir pérdidas y mantener al país en funcionamiento después de un gran terremoto.

Cada cierto tiempo reaparece la misma discusión: ¿es demasiado cara la normativa sísmica chilena? La pregunta parece razonable, pero parte de una premisa equivocada. El verdadero costo de una norma sísmica no se mide al construir un edificio, sino cuando ocurre un terremoto.

Chile decidió hace décadas invertir antes de la catástrofe. Esa decisión se traduce en edificios mejor diseñados, estudios geotécnicos rigurosos, controles de calidad e inspecciones técnicas que elevan el costo inicial de una obra, pero reducen de manera significativa el riesgo de colapso y las pérdidas futuras.

Sin embargo, hay una dimensión de ese costo que pocas veces se menciona. La resiliencia que hoy caracteriza a Chile también se construyó sobre las dolorosas lecciones de nuestra historia. Parte de su precio ya fue pagado por generaciones anteriores a través de miles de víctimas, ciudades destruidas y enormes pérdidas económicas. Cada gran terremoto impulsó mejoras en la ingeniería, la normativa y la preparación del país. La resiliencia chilena no fue un regalo de la naturaleza, sino una conquista nacida del aprendizaje.

El reciente desastre de Venezuela vuelve a recordarnos una realidad ampliamente conocida por la ingeniería sísmica: los terremotos, por sí solos, rara vez son los principales responsables de las víctimas. Son las construcciones vulnerables, la deficiente fiscalización y la insuficiente preparación las que transforman un fenómeno natural en una tragedia.

Pero la resiliencia no termina cuando se inaugura un edificio. También depende de sistemas de alerta temprana, planes de emergencia, educación, capacitación y simulacros. Un edificio resistente puede salvar cientos de vidas; una comunidad preparada puede salvar muchas más.

Por eso resulta preocupante que, en ocasiones, las inversiones destinadas a la preparación sean vistas como un gasto prescindible. Reducir recursos para simulacros, educación o fortalecimiento institucional puede generar un ahorro inmediato, pero aumenta la vulnerabilidad del país frente al próximo gran desastre. Los simulacros son para la gestión del riesgo lo que el mantenimiento es para un puente: cuando funcionan bien parecen innecesarios; cuando se eliminan, las consecuencias aparecen demasiado tarde.

Cuando un edificio colapsa no solo se pierde una inversión inmobiliaria. También se interrumpen servicios esenciales, desaparecen empleos, se daña infraestructura crítica y la reconstrucción puede extenderse durante años. El costo económico y social supera con creces cualquier ahorro obtenido durante las etapas de diseño o preparación.

La pregunta, entonces, no debería ser cuánto cuesta invertir en resiliencia. La verdadera pregunta es cuánto cuesta no hacerlo.

La normativa sísmica, la preparación comunitaria, los sistemas de alerta temprana y las instituciones especializadas no son gastos que encarecen al Estado. Son inversiones estratégicas que protegen vidas, resguardan el patrimonio y permiten que el país continúe funcionando después de una catástrofe.

En un territorio donde sabemos con certeza que volverán a ocurrir grandes terremotos, invertir en resiliencia exige mayores recursos hoy. Pero el costo de no hacerlo será siempre mucho mayor.