La Fiscalía Local de Valparaíso desistió de sobreseer la investigación por presuntas torturas en el Hospital Psiquiátrico del Salvador, argumentando que recibió "nuevos antecedentes". Estos provienen del Comité para la Prevención contra la Tortura, organismo que elaboró un informe advirtiendo que la aplicación de terapias electroconvulsivas sin anestesia provocó secuelas físicas y psicológicas en los pacientes.
La visita del Comité para la Prevención de la Tortura al Hospital Psiquiátrico del Salvador fue producto de la denuncia de la ahora exministra de Salud, María Begoña Yarza, lo que motivó una investigación de la Fiscalía Local de Valparaíso.
Las principales carencias fueron identificadas en las Unidades de Corta y Mediana Estadía. El organismo evidenció preocupación por adolescentes de 15 a 17 años que comparten salas con personas adultas.
También por la suspensión de las visitas, que provoca aislamiento en los pacientes.
El documento también acreditó “falencias graves de infraestructura”, así como un “deficiente abastecimiento de medicamentos”.
Testimonios de pacientes y funcionarios (as)
Es en el apartado de “Trato” de este informe emitido en octubre de 2022, es donde existe la preocupación mayor.
Javiera Canessa, encargada del Área de Salud Mental del Comité, advirtió al Ministerio Público que no solicitara el sobreseimiento de la investigación, indicando que entrevistaron a pacientes que fueron sometidos a procedimientos de terapias electroconvulsivas en una versión no modificada y sin anestesia general.
Cabe precisar que las terapias se realizaron hasta marzo de 2022, cuando fue suspendida por una indicación de la Autoridad Sanitaria.
El informe sostiene que, “de manera particularmente grave, se considera la aplicación de TEC fuera de norma técnica no se puede justificar como tratamiento por sobre los estándares establecidos”, aludiendo a la aplicación en menores de 18 años y la falta de consentimiento o asentimiento informado, en algunos casos.
Sobre ello se refirió una funcionaria del recinto, quien abogó por las técnicas, reconociendo que el método no es el mejor: “Si bien es cierto que el procedimiento no se hace tal vez de la mejor manera, pero tienes que estar tu adentro para ver que beneficio de ese procedimiento trae para un paciente".
"Yo he visto cambios impresionantes con la terapia electroconvulsiva, que son más favorables para un paciente que negativas”.
A pesar de los argumentos de las/os funcionarias/os, una persona entrevistada a quien le fue aplicada la TEC, señala un malestar general en torno a esta experiencia, que le generó de manera posterior temor, dolores y un recuerdo cargado de emociones aversivas, no logrando rememorar si otorgó consentimiento.
“Horrible, según los técnicos, los profesionales, yo estaba muy bacán, andaba más parejito y todo, porque como que te resetean el cerebro, pero yo me sentía, tenía mucho miedo cuando me lo iban a hacer, sentía mucho miedo porque no sabía lo que me estaban haciendo, y si me dijeron, nunca me recuerdo que me hayan dicho", inicia el relato.
(...)Llevaba cuatro terapias o algo así, me iban a seguir haciendo y yo hablé con la doctora y le dije que por favor no quería que me hicieran más y me respetaron. Yo tenía mucho miedo de que no me respetaran mi, mi y mi visión, pero ya no, que no, por favor", indicó.
"Me llevaban desnuda, me abría, me ponían unos chupones acá como en el cuerpo, me decían ya te vamos a dormir", dijo.
Tal como indica el texto, preocupa al Comité que las contenciones físicas y el aislamiento son utilizadas en ocasiones como intimidación o condicionantes hacia pacientes que presenten alteraciones conductuales.
De ello da cuenta un testimonio incluido en el documento: “Cuando llegué, no sabía por qué me inyectaron, estuve 5 días en aislamiento, me pusieron camisa de fuerza", relató una de las personas con diagnóstico de salud mental.
Agregó que,"insistía en que no quería inyecciones por desconocer de qué eran y fue peor”. (...)“Me estaba negando, por lo que había pasado, no me iba a tomar las pastillas y vinieron y me inyectaron de una”.
Todo lo anterior es corroborado en las fichas clínicas revisadas, donde se consigna el uso de contención física y farmacológica, sin embargo, no existen registros de las medidas para atenuar el escalamiento frente a una crisis.
Sebastián Cabezas, abogado y presidente del Comité para la Prevención contra la Tortura, evitó responsabilizar penalmente a una u otra persona del Hospital Psiquiátrico por estos hallazgos.
El comité también advirtió una sobrecarga laboral por ausencias a propósito de licencias médicas.
Ministerio Público declina sobreseer la causa: continuará la investigación
En las Unidades Infanto-Juvenil y la de Psiquiatría Forense Transitoria, en tanto, no se detectaron irregularidades graves, más allá de las malas condiciones estructurales y la existencia de una brecha entre las autoridades del Hospital Psiquiátrico y Gendarmería.
Entre las recomendaciones se insta a la intervención, entre otros, de la Municipalidad de Valparaíso, los Tribunales de Familia de Valparaíso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública y la Superintendencia de Salud.
Y finalmente, tras la recepción de este informe, el Ministerio Público desistió de solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía porteño.
