La violencia de género no solo afecta a quienes la viven, daña sus entornos y a las personas más cercanas a ellas, especialmente a hijas e hijos.
Entre 2013 y lo que va de 2024, 480 mujeres murieron por femicidio consumado y otras 1.611 fueron víctimas de femicidio frustrado según cifras oficiales del SERNAMEG al 30 de abril.
Solo hace un año, con la promulgación de la Ley 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias, fuimos capaces de avanzar en resarcir el daño y saldar en parte la deuda con miles de víctimas de femicidio y sus familias.
El mensaje de uno de sus hijos en una tarjeta de agradecimiento por la Ley: “gracias por hacerme chileno visible ante la sociedad”.
Como en todos los progresos en materia de reconocimiento y sanción de la violencia de género y otros derechos de mujeres y niñas, esta normativa también es resultado de la organización y la movilización de las propias mujeres. También de las y los familiares que no se callaron ante la violencia, y particularmente, de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio y el colectivo Ni una Menos.
Porque antes de legislar el sistema de protección y reparación, fueron las propias personas las que se buscaron, se prestaron consuelo y procuraron apoyarse en la búsqueda de justicia por sus hijas, sus hermanas, sus primas o sus nietas y en forma generosa hicieron propuestas para la reparación.
Un Estado que asume responsabilidades
Ahora el Estado también es parte, porque un elemento esencial de esta norma que cumple un año, es el reconocimiento que este hace de su responsabilidad frente a la violencia que viven mujeres y niñas en nuestro país.
En respuesta a esa obligación, dispone de una serie de acciones para la protección y la reparación de quienes hayan sido víctimas, extendiendo estas acciones a las y los familiares, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a sus madres a consecuencia de la violencia de género.
Es por esto que quienes hayan sobrevivido a un femicidio frustrado o tentado, tienen desde su vigencia derecho al fuero laboral por un año.
Del mismo modo, sus familiares pueden asistir a todas las diligencias de investigación e instancias judiciales en las que se les requiera, bastando la citación para ausentarse de su trabajo.
A eso se suma el acceso preferente a la oferta de protección social del Estado y el pago de una pensión por cada hija o hijo menor de edad de las víctimas de femicidio consumado hasta los 18 años.
La violencia de género no solo afecta a quienes la viven, daña sus entornos y a las personas más cercanas a ellas, especialmente a hijas e hijos.
Desde noviembre de 2023 el Estado de Chile ha pagado cerca de 80 pensiones de reparación a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres producto de un femicidio.
Esa y otras acciones son posibles gracias a esta ley que como país le debíamos a tantas familias y que hoy es una realidad, como la Ley Gabriela, la Ley Antonia y la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Todo, gracias a la movilización y la organización de las propias mujeres.
