La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela -de mayoría chavista- aprobó una ley propuesta por el Ejecutivo para “proteger” las pensiones frente a los efectos negativos de las “medidas coercitivas unilaterales” impuestas por Estados Unidos.
“Esta era una iniciativa de ley curativa, es una iniciativa de ley para atender a los que fueron más golpeados y agredidos por la acción depredadora, brutal, canalla, criminal del imperialismo norteamericano, al imponer sanciones ilegales en contra de todo el pueblo de Venezuela”, señaló el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez.
Rodríguez sostuvo que se le dio atención inmediata a este proyecto de ley, propuesto por el presidente Nicolás Maduro, para que el sector privado, “que ha sido atendido también en este proceso de recuperación, asumiera responsabilidades para la mejoría del monto de las pensiones de las abuelas y los abuelos”.
La ley, de acuerdo a la nota de prensa del Parlamento, establece que las empresas privadas que operen en el país tendrán que hacer una “contribución especial”, de un 15%, del “total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial”.
Asimismo, el presidente venezolano podrá exonerar del pago, total o parcialmente, de la “contribución especial” a sujetos pasivos especiales y sectores estratégicos “para la inversión extranjera y el desarrollo nacional”.
La legislación plantea que la declaración y pago de esta contribución se hará de manera mensual a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El pasado 2 de mayo, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó la ley con la finalidad de “proteger” las pensiones frente a los efectos del “bloqueo criminal” de Estados Unidos.
Rodríguez -también ministra de Economía- afirmó que la ley contempla el “rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela”.
Según el Gobierno, Venezuela cerró el primer cuatrimestre del año con pérdidas parciales superiores a los 2.000 millones de dólares en sus ingresos como consecuencia de las sanciones estadounidenses.
Desde marzo de 2022, la pensión, así como el salario mínimo, se mantiene en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, y hoy 3,5 dólares, lo que significa que se ha reducido un 88% en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.
En el país, adultos mayores se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral como una necesidad para poder subsanar su “incapacidad para alimentarse” o comprar medicinas, en medio de la crisis que aún vive la nación, según la ONG Convite.
