La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de debilidades críticas en los procesos de fiscalización de la Dirección Regional de Aduana de Iquique, región de Tarapacá, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025.
La auditoría de la CGR tuvo como objetivo verificar el uso de equipos scanner, la gestión de incautaciones y el control de entradas y salidas de mercancías en la región, considerando también un análisis estadístico de las aprehensiones realizadas entre enero de 2020 y junio de 2025.
Entre los hallazgos más relevantes, el organismo contralor estableció que la Aduana de Iquique no contó con equipamiento mayor de manera permanente en puntos de control relevantes como el puerto de Iquique, la Avanzada de El Loa y Zona Franca.
“Se comprobó que, de los 7 equipos de características menores, solo 2 se encontraban operativos”, detalla el informe, lo que impidió la realización de fiscalizaciones eficaces en sectores estratégicos.
El documento agrega que esta situación expone a la entidad “al riesgo que no se detectaran contrabandos de especies y tráfico de drogas”, lo que no se ajusta a las normas de control interno y a los principios de eficiencia y eficacia establecidos en la ley N° 18.575.
Bajo porcentaje de revisión en Aduana de Iquique
De acuerdo con los registros analizados por el ente contralor, entre enero de 2024 y marzo de 2025 se realizaron 74.827 operaciones de importación en la región. Sin embargo, la Dirección Regional de la Aduana de Iquique (DRAI) fiscalizó únicamente 1.099 de ese total.
“La DRAI fiscalizó únicamente el 1,47% del total de las operaciones de importación”, señala el texto, agregando que de ese porcentaje, 257 correspondieron exclusivamente a validaciones documentales.
En contraste, las operaciones de exportación alcanzaron las 8.214 en el mismo período, de las cuales la entidad fiscalizó el 45,8%, es decir, 3.762 exportaciones, siendo el 98% de ellas revisadas en forma física.
El informe advierte que “el bajo porcentaje de fiscalización de importaciones comprometió la efectividad de la vigilancia y fiscalización que le corresponde realizar al Servicio Nacional de Aduanas”.
Por otra parte, se determinó un crecimiento constante en las incautaciones anuales en las áreas de Drogas, Propiedad Intelectual, Contrabando de Cigarrillos, Seguridad y Salud Pública. De 616 incautaciones en 2020 se pasó a 972 en 2024.
Inconsistencias en registros y falta de trazabilidad
La auditoría detectó una supervisión inadecuada sobre la información registrada en los sistemas internos. Se encontraron anotaciones de denuncias a partir de fiscalizaciones con resultado “sin observación”, contradicciones sobre la retención de mercancías y denuncias asociadas a operaciones que no fueron informadas como fiscalizadas.
“Se observó una inadecuada supervisión sobre los registros efectuados en los sistemas DIN, DUS y DECARE respecto de las importaciones y exportaciones fiscalizadas que dieron origen a una denuncia”, sostiene el documento.
También se evidenció falta de registro sistematizado y estandarizado que permitiera la consolidación, clasificación y caracterización de las mercancías incautadas, así como su trazabilidad con el examen físico o documental que las originó.
El informe recalca que esta situación implica que “la entidad no contara con información suficiente y adecuada para gestionar sus riesgos operacionales en el proceso de incautación”.
Dilación en procesos sancionatorios en la Aduana de Iquique
Se constató que 8 denuncias fueron registradas en el sistema DECARE con una demora que fluctuó entre 42 y 258 días desde la fiscalización de la DRAI, lo que vulnera los principios de control, eficiencia y eficacia.
Además, se observó una dilación en la tramitación de uno de los dos procesos sancionatorios que se encontraban en curso a noviembre de 2025. El expediente N° 6, de 2024, sobrepasó el plazo de 6 meses establecido en la normativa, reza el informe.
En cuanto a las declaraciones de intereses y patrimonio, se detectó que 9 funcionarios pertenecientes al escalafón de fiscalizadores no presentaron sus declaraciones de intereses en los años 2024 y 2025. El informe califica esto como “una vulneración al numeral 9, del artículo 4°, de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses”.
La Contraloría también advirtió la falta de un procedimiento formal para detectar y prevenir conflictos de intereses entre funcionarios y agentes de aduana, importadores o exportadores. “La ausencia de un procedimiento formal expone al servicio al riesgo de que los funcionarios mantengan vínculos o relaciones incompatibles con sus funciones”, indica el texto.
Finalmente, la inspección en terreno reveló que vehículos incautados por infracción a la ley N° 20.000 se encontraban “en sitios abiertos sin mayor resguardo y a la intemperie, observándose un notable abandono”, tanto en la Avanzada de Quillagua como en la de El Loa.
Revisa el informe de Contraloría, aquí:
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