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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía formalizó a dos empresarios por fraude en el caso fundaciones del Gobierno Regional de La Araucanía. Alejandro Martini y María Ignacia Ovalle, junto a Karam Puali, fueron imputados por apropiación de recursos. Se les acusa de usar maliciosamente fondos en proyectos no realizados, como una cancha de salto y un galpón. Los imputados, que quedaron en libertad, aseguran haber ejecutado las obras.

La Fiscalía formalizó a dos empresarios por el delito de fraude en una de las aristas del caso Fundaciones, donde existió apropiación de recursos del Gobierno Regional de La Araucanía. Los imputados quedaron en libertad, pero no pueden salir del país.

Cuando ocurrieron estos hechos, el gobernador de La Araucanía era Luciano Rivas y los recursos económicos se entregaron a través de proyectos que financió la Agencia de Desarrollo Regional.

Los imputados son el empresario Alejandro Martini y su esposa María Ignacia Ovalle y Karam Puali.

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El fiscal César Schibar indicó que hubo fraude de subvenciones y también uso malicioso de instrumento privado. Según expuso, se trató de tres proyectos por 50 millones de pesos cada uno, cuyas iniciativas no se realizaron. Consistían en obras de construcción de una cancha de salto y galerías, un galpón y una terraza en un local comercial.

El abogado defensor José Martínez, quien representa a Martini y Puali, dijo que los trabajos sí se realizaron y, por lo tanto, no hay delitos. “Nosotros señalamos que los proyectos fueron adjudicados correctamente y ejecutados. También sostenemos que los contratos son reales y verdaderos, y las obras fueron ejecutadas y rendidas correctamente”, añadió.

Ambos empresarios tienen negocios en la zona lacustre de La Araucanía. Martini, además, cuando obtuvo los recursos económicos, era un activo militante del partido republicano; incluso fue presidente regional de la colectividad política. Puali, en tanto, está casado con una de las hijas del exsenador del PDD Eugenio Tuma.

Los imputados quedaron en libertad con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. El Tribunal de Garantía fijó en 5 meses el plazo de la investigación.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)