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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Marcelo Mancilla, representante legal de AutoAhorro, quedó en prisión preventiva por millonarias estafas relacionadas con la comercialización de autos. El negocio fraudulento se inició en Puerto Montt y se expandió por el país. Mancilla, también socio fundador de la empresa, utilizaba un esquema tipo "ponzi" para atraer inversores. El juez rechazó medidas cautelares más flexibles y la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de Mancilla.

En prisión preventiva quedó Marcelo Mancilla, representante legal de la empresa AutoAhorro, luego de ser formalizado por millonarias estafas que iniciaron con la comercialización de autos.

El negocio fraudulento comenzó en Puerto Montt, y se extendió hacia el norte del país. Mancilla, quien se presenta como “agente mercantil”, figura también como socio fundador de la compañía.

El fiscal Mario de la Fuente explicó en la formalización cómo operaba el “plan” que contrataban los clientes de la empresa para obtener vehículos, cuyo costo se dividía en 100 cuotas.

Representante legal de AutoAhorro queda en prisión preventiva

A través de tal “plan de ahorro”, cada cliente debía pagar por concepto de suscripción al mismo un monto que dependía del vehículo a adquirir, el cual oscilaba entre $690 mil y $2 millones 500 mil.

El sistema funcionaba bajo el esquema “ponzi”; tipo de fraude consistente en atraer a inversores prometiendo altos rendimientos, los cuales se pagan a los primeros participantes utilizando el dinero aportado por nuevos inversores, y no mediante beneficios obtenidos de una actividad económica real.

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El abogado defensor de Mancilla, Sergio Cordero, acusó que la Fiscalía estaba equivocada el plantear que su representado estaba oculto y evadiendo la acción de la justicia.

El jurista pidió también medidas cautelares de menor intensidad, algo que no fue aceptado por el juez de garantía de Puerto Montt, Juan Orellana.

Desde la Fiscalía pidieron levantar el secreto bancario del sujeto, quien tiene fondos congelados a propósito de las diligencias, además de pendrives. El plazo inicial de la investigación quedó fijado en 120 días.