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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría ordenó revisar legalidad en sumario del Hospital Base San José de Osorno tras denuncias de tratos crueles a un trabajador con TEA, incluyendo quemaduras y vejaciones. Tras sumario inicial sin sanciones, se reabrió en 2024 con nuevos antecedentes. Contraloría investigará posibles responsabilidades administrativas en el caso.

La Contraloría General de la República ordenó someter a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario en el Hospital Base San José de Osorno, donde un exfuncionario fue víctima de tratos crueles, vejámenes e incluso torturas por parte de compañeros de trabajo.

Fue a través de una publicación que el ente contralor se refirió a este caso que conmocionó al país, debido al trato inhumano que recibió entre 2018 y 2020 un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que fue desnudado, lo quemaron con vapor y le cortaron el pelo sin su consentimiento.

Por este caso, el hospital abrió un sumario que en primera instancia terminó sin sanciones, pero que fue reabierto en agosto de 2024 al obtener nuevos antecedentes, en particular, registros que evidencian el actuar de los cuatro acusados.

Por ello, desde la Contraloría indicaron que “respecto del caso del funcionario que denunció graves agresiones en el Hospital de Osorno, ordenamos someter extraordinariamente a control la legalidad de la resolución de ese hospital con la que ponga término al sumario”.

Según explicaron en la publicación en redes sociales, dicho control es para “verificar que el procedimiento se ajustó a derecho”.

Además, informaron que indagarán si existen hechos que configuran eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial.

Sumario contra funcionarios está en su etapa final

De acuerdo con los antecedentes entregados por el director (s) del Servicio de Salud Osorno, Héctor Alarcón, el sumario en contra de los funcionarios involucrados en estos vejámenes está en su etapa final.

Según precisó, en la instancia, “se logró establecer la existencia de los hechos y se determinó la sanción que fue notificada a los cuatro funcionarios en cuestión. Esto está en su etapa de apelación y posteriormente debe ir a la toma de razón de Contraloría para poder hacerla efectiva”.

Añadió sobre lo mismo que ahora los funcionarios acusados cuentan con un plazo legal para realizar sus descargos de las acusaciones en su contra.

También confirmó que los agresores están suspendidos de sus funciones, pero no han sido desvinculados por el sumario que está en curso.