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El Ministerio Público formalizará al empresario Karam Puali por fraude de subvenciones al recibir 50 millones de pesos del Gobierno Regional de La Araucanía. Se vincula al caso Fundaciones, donde cerca de 9 mil millones fueron transferidos para reactivación económica. Puali, representante de Inversiones MAK, obtuvo los fondos para una terraza, pero al verificar, se halló el local cerrado y descuidado.
El Ministerio Público formalizará al empresario Karam Puali por el delito de fraude de subvenciones, tras recibir 50 millones de pesos en un programa de reactivación económica financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía.
Tres son las personas que el Ministerio Público formalizará esta semana en una de las aristas del caso Fundaciones, relacionada a los cerca de 9 mil millones de pesos que el Gobierno Regional de La Araucanía transfirió para ejecutar un programa de reactivación económica.
Los recursos se destinaron a la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023, beneficiando a más de 300 empresarios. Entre estos se encuentra Karam Puali, representante de Inversiones MAK, que recibió 50 millones de pesos para la construcción de una terraza.
El fiscal Raúl Espinoza confirmó que se trata de uno de los socios de Alejandro Martini Iriarte, el exrepublicano que -junto a su cónyuge- será formalizado por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Puali, a través de Inversiones Mak, se adjudicó el máximo del cofinanciamiento que entregó la agencia para el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, al realizar una visita en terreno, el profesional de seguimiento del Gobierno Regional se encontró con el local cerrado, la terraza desequipada y descuidada.
Además, la entidad pública observó las rendiciones que presentó el empresario por el total de los 50 millones de pesos.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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