El abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella en contra del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, tras filtrarse audios de Héctor Llaitul. "A lo más, he escuchado al presidente Boric formular 'peticiones' a través de los medios para que se investigue", sostuvo. Cabe recordar que una de estas conversaciones le costó el cargo a la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. El fiscal Garrido aseguró la semana pasada que los antecedentes del caso fueron puestos en manos de todos los intervinientes, por lo que no pueden pesquisar filtraciones que "no derivan de personas que tienen que guardar secreto".
El Juzgado de Garantía de Temuco admitió a trámite una querella en contra del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, por el delito de violación de secreto.
La acción judicial, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, apunta a la revelación de audios vinculados a la detención de Héctor Llaitul.
Cabe recordar que el líder de la CAM fue arrestado el pasado miércoles en la comuna de Cañete, en el contexto de una investigación que se desarrolla por Ley de Seguridad del Estado (LSE).
“Han pasado dos días completos desde que se dieron a conocer estas filtraciones de conversaciones privadas, que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la investigación en curso”, señala Rendón.
Asimismo, el jurista sostiene que “he esperado a que el Gobierno interponga la correspondiente querella y, a lo más, he escuchado al presidente Boric formular ‘peticiones’ a través de los medios para que se investigue”.
Uno de estos audios le costó el cargo a la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. Su transcripción, proveniente de un informe de la PDI, dio a conocer una conversación entre una asesora de la secretaria de Estado y el propio Llaitul.
Este llamado se dio el mismo día en que el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco -hoy el prisión preventiva- hizo un llamado a “organizar la resistencia armada” en la Macrozona Sur.
Fiscal de La Araucanía se desmarcó de filtraciones
Rendón indica que “si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general”.
“Estas filtraciones de conversaciones privadas, penalmente irrelevantes, dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía”, agrega.
Tras la audiencia de control de la detención de Llaitul, se le preguntó al fiscal Roberto Garrido sobre la filtración de los audios.
El persecutor expresó que “carecemos de las herramientas legales para pesquisar filtraciones que no derivan de personas que tienen que guardar secreto”.
Esto, ya que los antecedentes fueron puestos a disposición de todos los intervinientes de la causa. “Desconocemos la forma en cómo un medio de comunicación tomó noticia de eso”, concluyó.
