A raíz de diversas denuncias ciudadanas, la Contraloría realizó una investigación al interior del Municipio de Río Hurtado, en la región de Coquimbo, detectando un eventual conflicto de interés entre la alcaldesa Carmen Juana Olivares y un proveedor, presuntas irregularidades en licitaciones públicas, fragmentación de compras y deficiencias en la gestión presupuestaria.
Según el informe, se constató la existencia de fotografías en redes sociales donde la autoridad aparece junto a una proveedora y familiares de esta, además de otro proveedor al que calificó como un “amigo de la juventud”.
La investigación determinó que la alcaldesa habría intervenido en etapas de adjudicación y pago de servicios, situación que vulnera el principio de probidad administrativa y las normas sobre abstención, cuando existen circunstancias que pueden afectar la imparcialidad.
Otro de los puntos corresponde a la licitación pública ID 3267-38-LE21, destinada al suministro de alimentos para el Departamento de Educación Municipal durante 2022. Según contemplaba el convenio, esto consideraba un monto anual de $24 millones, sin embargo, se emitieron 145 órdenes de compra, por un total de $153.471.862 pesos, lo que representa un 639% por sobre el monto estipulado.
Además, se detectó que la proveedora adjudicada presentó documentación sanitaria que no cumplía plenamente con los requisitos exigidos, ya que los permisos limitaban la autorización a productos que no requerían refrigeración, pese a que las bases sí contemplaban alimentos perecibles.
Al respecto, la Contraloría solicitó remitir los antecedentes del procedimiento disciplinario interno instruido por el municipio en esta materia, los que serán considerados en el sumario que llevará adelante el organismo de control.
El informe también advierte una posible fragmentación de compras, al constatar adquisiciones reiteradas de servicios similares que, por su carácter habitual, debieron canalizarse mediante licitación pública y no a través de tratos directos o compras ágiles.
En la misma línea, se observó que la municipalidad recurrió al trato directo para la compra de agua potable argumentando emergencia por escasez hídrica. No obstante, la situación se extendió entre 2022 y 2024, lo que —según el organismo fiscalizador— impide calificarla como un hecho imprevisto. Para la Contraloría, esta práctica evidenciaría una elusión de los procedimientos competitivos establecidos en la Ley de Compras Públicas.
Respecto del destino de los recursos del royalty minero, la Contraloría concluyó que no se detectaron ilegalidades en su utilización. Los fondos fueron destinados a funciones municipales y no se utilizaron para el pago de deuda, cumpliendo con las restricciones legales vigentes.
No obstante, el organismo enfatizó que, más allá de la legalidad del gasto, existen debilidades estructurales en la gestión administrativa que deben ser corregidas.
Alcaldesa: “En Río Hurtado todos, de una u otra forma, nos conocemos”
Consultada sobre el conflicto de interés, la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, señaló a Diario El Día que “efectivamente es lo que dice el informe y lo que arrojó la investigación. Sin embargo, es un tema complejo, considerando que yo no participo en ningún proceso de licitación ni de adjudicación. A mí me llega el resultado de las comisiones que se forman para cada una de las licitaciones”.
“En este caso en particular, se determinó un conflicto de intereses a partir de unas fotografías que el denunciante adjuntó, donde yo aparezco con la proveedora”, agregó.
En esa línea, la jefa comunal recalcó que también era importante situarse en el contexto del lugar donde viven. “En Río Hurtado somos todos vecinos y, de alguna manera, nos conocemos. Es muy difícil no conocer a las personas ni relacionarse amistosamente, sobre todo en mi caso, que soy alcaldesa y anteriormente fui concejala, lo que implica una interacción permanente con la comunidad”, aclaró.
“La fotografía fue lo que determinó el supuesto conflicto de intereses con ambos proveedores. Independiente de eso, fui separada de cualquier función relacionada con la adjudicación, pero quiero dejar absolutamente claro que nunca he participado en los procesos de licitación ni he sido parte de las comisiones evaluadoras”, remarcó.
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