Un niño puede nacer, aprender a caminar, decir sus primeras palabras y cumplir dos años antes de que el Congreso consiga ponerse de acuerdo sobre quién debe financiar su cuidado.
En Chile, la sala cuna universal lleva años esperando convertirse en realidad. Ha sido promesa de campaña, compromiso presidencial y motivo de largas negociaciones parlamentarias. Pero mientras los gobiernos cambian y los proyectos avanzan lentamente, las familias deben resolver un problema bastante más urgente.
¿Quién cuidará a los niños cuando llegue el momento de volver al trabajo?
Para algunos, la respuesta está en una sala cuna financiada por su empleador. Otros encuentran un cupo en un establecimiento público. También están quienes deben recurrir a familiares, pagar un jardín infantil particular o postergar su regreso al mundo laboral.
Detrás de esas diferencias existe una norma que pocas veces se entiende hasta que llega el momento de necesitarla.
En Chile, una empresa con veinte trabajadoras debe garantizar el derecho a sala cuna. Pero si tiene diecinueve, en principio, no está obligada a hacerlo. Así, una sola trabajadora puede marcar la diferencia.
Y hay otra particularidad: el beneficio está pensado principalmente para las madres. Un padre que acaba de tener un hijo no puede exigir sala cuna a su empleador por el solo hecho de ser papá, incluso si trabaja en una empresa con cientos de trabajadores.
La legislación contempla excepciones, como el fallecimiento de la madre o cuando el padre tiene el cuidado personal del niño por resolución judicial. Fuera de esas situaciones, el derecho sigue vinculado principalmente a la mujer.
La regla está en el Código del Trabajo y nació para proteger la maternidad. Sin embargo, con los años comenzó a ser cuestionada porque deja fuera a muchas trabajadoras y puede generar desincentivos para su contratación.
Corregir esa diferencia se convirtió en una tarea pendiente para distintos gobiernos.
Sala Cuna Universal: Una promesa que pasó de Piñera a Kast
En 2018, durante su segundo mandato, Sebastián Piñera presentó un proyecto para ampliar el acceso a sala cuna y terminar con la exigencia de las veinte trabajadoras.
La propuesta buscaba que el beneficio dejara de depender del tamaño y la composición de las empresas. Sin embargo, las diferencias sobre su financiamiento impidieron que prosperara.
En enero de 2022, a pocas semanas de dejar La Moneda, Piñera volvió a intentarlo con una nueva iniciativa, que terminaría siendo parte de la discusión heredada por Gabriel Boric.
El siguiente gobierno también asumió el compromiso de avanzar hacia una sala cuna universal, con la intención de facilitar la participación laboral femenina y promover que el cuidado de los hijos fuera una responsabilidad compartida.
Pero el proyecto encontró dificultades similares a las de sus antecesores. El costo de implementar el sistema, la participación de los establecimientos públicos y privados y las condiciones para acceder al beneficio mantuvieron abiertas las diferencias.
Así, una reforma que contaba con respaldo en su objetivo general seguía sin reunir los acuerdos necesarios para convertirse en ley. De esta forma, la discusión llegó hasta el actual gobierno.
En junio de 2026, la administración de José Antonio Kast presentó modificaciones para ampliar la cobertura y establecer una nueva fórmula de financiamiento.
El proyecto retomó su avance legislativo, aunque las diferencias sobre los recursos necesarios continuaron marcando las negociaciones.
En septiembre, el Senado despachó la iniciativa hacia la Cámara de Diputadas y Diputados, dejando pendiente uno de sus puntos más controvertidos: la propuesta de utilizar recursos vinculados al Seguro de Cesantía.
El Ejecutivo defendió esa alternativa como una manera de financiar el beneficio sin aumentar el costo de contratar trabajadores. Desde la oposición, en cambio, surgieron reparos por sus eventuales efectos sobre los fondos destinados a proteger a quienes pierden su empleo.
Tras nuevas conversaciones, el 4 de noviembre la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó una fórmula que contempla destinar el equivalente al 0,3% de las remuneraciones a financiar el sistema, mediante cambios en la distribución de aportes que actualmente van al Seguro de Cesantía.
La propuesta también considera ampliar la cobertura y establecer apoyos para facilitar el acceso de las familias de menores ingresos.
Con ese acuerdo, el proyecto fue despachado a la Comisión de Hacienda.
Para acelerar su tramitación, el Gobierno renovó este jueves 12 de noviembre la urgencia de discusión inmediata. Sin embargo, todavía quedan etapas legislativas por superar antes de que la reforma se convierta en ley y las familias puedan acceder al beneficio.
Cuando la solución está en los abuelitos que vuelven a criar
Detrás de las discusiones sobre porcentajes, cotizaciones y recursos públicos hay una realidad mucho más cotidiana: alguien tiene que quedarse con los niños.
Para muchas familias, el término del posnatal significa comenzar a organizar una rutina completamente distinta. Hay que encontrar quién cuide al bebé, coordinar horarios, calcular gastos y pensar qué hacer cuando se enferme o no haya quien pueda ir a buscarlo.
No siempre existe una respuesta sencilla.
A veces aparece una abuelita dispuesta a volver a criar, que cambia sus mañanas tranquilas por mamaderas, pañales y siestas. O un abuelo que vuelve a aprender los horarios de las comidas, las canciones para dormir y las pequeñas costumbres de un niño.
Es una ayuda que puede resolver buena parte de las dificultades, pero que también exige tiempo y esfuerzo de quienes, después de haber criado a sus propios hijos, vuelven a asumir tareas de cuidado.
Otras familias deben hacer espacio en su presupuesto para pagar una sala cuna particular. Y están aquellas que no cuentan con familiares disponibles ni con los recursos suficientes para costear una alternativa.
En esos casos, alguien puede terminar reduciendo su jornada o dejando de trabajar.
Una decisión que muchas veces no responde a lo que se quiere hacer, sino a lo que resulta posible.
Aunque estas dificultades pueden afectar a ambos padres, históricamente han recaído con mayor fuerza sobre las mujeres. Precisamente por eso, uno de los objetivos de la reforma es que el acceso a sala cuna deje de depender principalmente de la situación laboral de la madre.
El proyecto busca ampliar el derecho a padres y otros cuidadores que cumplan los requisitos, pero su aplicación será gradual.
Esto significa que, incluso si se aprueba la ley, no todas las familias podrán acceder al beneficio inmediatamente. La incorporación de nuevos grupos se realizará por etapas, durante los primeros años de funcionamiento del sistema.
Y es ahí donde los tiempos del Congreso se encuentran con una realidad que no siempre cabe en los calendarios legislativos.
Un niño que necesitaba sala cuna cuando comenzó esta discusión puede estar hoy en el colegio. Y, a este paso, podría llegar a la universidad antes de que se apruebe la ley. Sus padres probablemente ya encontraron alguna manera de organizarse, aunque eso haya significado cambiar horarios, asumir nuevos gastos o dejar pasar oportunidades laborales.
Otros recién están comenzando esa etapa.
Son familias que, mientras se discute el futuro de la reforma, deben levantarse temprano, preparar mamaderas, ordenar bolsos y encontrar la manera de llegar a tiempo al trabajo.
Es evidente que la aprobación de una ley no resolverá por sí sola todas las dificultades que implica criar a un hijo. Tampoco reemplazará las redes familiares ni solucionará cada problema de acceso al cuidado infantil.
Pero sí podría cambiar una regla que durante décadas ha condicionado el derecho a sala cuna al número de mujeres contratadas por una empresa y que, salvo excepciones, ha dejado a los padres fuera de esa garantía.
Después de los intentos de Piñera, los compromisos de Boric y las modificaciones impulsadas por Kast, la reforma vuelve a acercarse a una definición.
Para quienes hoy tienen hijos pequeños, el resultado podría marcar una diferencia concreta en su vida diaria. Para otras familias, que enfrentaron las mismas dificultades desde hace años, llegará cuando sus niños ya no necesiten ese cuidado.
Porque mientras la política busca ponerse de acuerdo, en muchos hogares la solución sigue siendo una madre que ajusta sus horarios, un padre que reorganiza su jornada o unos abuelitos que vuelven a criar.
Y aunque las leyes pueden tardar años en aprobarse, los niños no dejan de crecer mientras tanto.