La Fiscalía Regional de Valparaíso inició la cuenta regresiva para definir a quien asumirá su conducción desde fines de diciembre, en medio de investigaciones de alto impacto y cuestionamientos a sus resultados de gestión.
El tribunal elaborará una terna que será remitida al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien tendrá la última palabra sobre el nombramiento. El periodo de Claudia Perivancich concluye el 29 de diciembre.
La nómina incluye a Pablo Bravo, fiscal de Quintero; Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota; Samuel Núñez, fiscal jefe de Casablanca; Fred Silva, fiscal adjunto de San Antonio; Osvaldo Basso, fiscal jefe de Villa Alemana; María José Lecaros, abogada asesora en Responsabilidad Penal Adolescente; Gonzalo Marks, jefe de la Unidad de Atención a Víctimas; Elizardo Tapia, fiscal jefe de Valparaíso; José Antonio Uribe, coordinador ECOH; y Víctor Núñez, fiscal metropolitano Sur.
El proceso estuvo marcado por la exclusión inicial de cinco postulantes, cuatro de los cuales consiguieron revertir esa decisión. La situación de Greta Fuchslocher, fiscal adjunta de Valparaíso, siguió por otra vía judicial.
Su defensa recurrió a la Corte de Apelaciones de La Serena para cuestionar que se considerara incompatible su postulación debido a que está casada con el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez.
El abogado Sebastián Gómez explicó que no se concedió la orden de no innovar solicitada, por lo que la presentación de candidatos se mantuvo para este lunes. El recurso, sin embargo, seguirá su tramitación: la Corte de Valparaíso deberá evacuar un informe y luego la Corte de La Serena resolverá el fondo.
“Nosotros hemos planteado siempre que se ha convertido una incompatibilidad para desempeñar un cargo, en una prohibición de competir por él, y creemos que va más allá de lo que la ley establece en las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”, señaló.
Entre los aspirantes, Fred Silva planteó que la próxima jefatura debe revisar las investigaciones pendientes y resolver con rapidez cuáles requieren nuevas diligencias y cuáles deben avanzar a tribunales.
“Lo que yo, por lo menos, haría como fiscal regional es revisar cada una de las causas y tomar decisiones rápidas, ya sea para los efectos de complementar aquellos antecedentes que están faltando, o para empezar a revisar las formalizaciones del caso, o derechamente para descartar aquellas investigaciones”, sostuvo.
Pablo Bravo, fiscal de Quintero y uno de los primeros persecutores de la reforma procesal penal, puso el acento en la experiencia investigativa y la capacidad de gestión. A su juicio, la Fiscalía enfrenta una realidad compleja y necesita una jefatura capaz de conducir equipos y ordenar prioridades.
“Su realidad es compleja, y por lo tanto requiere no solamente un fiscal con experiencia, alguien que pueda aportar su experiencia en investigación penal, sino que también en gestión y en manejo de equipos; eso es tremendamente importante. Todos debemos responder de igual manera ante la ley, sea quien sea; nadie está por sobre la ley”, afirmó.
Ese diagnóstico se cruzó con la defensa que hizo Perivancich de los indicadores. La fiscal regional reconoció que, a octubre, el cumplimiento de una de las metas se situaba en 17%, pero advirtió que era una medición parcial y que el balance definitivo debía realizarse a fines de diciembre.
Destacó que Valparaíso encabezaba los términos por juicio oral: entre 2019 y 2026 acumuló 11.477, frente a un promedio nacional de 3.665. A octubre de este año, agregó, registraba 1.232 casos terminados por esa vía, mientras que la región que le seguía sumaba 732.
“Presenta el mayor indicador de término en juicio oral, que constituye el término de mayor calidad dentro del sistema penal”, aseguró.
La gestión de Perivancich también recibió críticas públicas del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien cuestionó la investigación que enfrentó y aseguró que se habían destinado 50 mil millones de pesos a perseguirlo, pese a que terminó absuelto. Esa cifra corresponde a su propia estimación y no a un gasto institucional acreditado.
“Se gastaron 50 mil millones de pesos de Valparaíso a la basura para perseguirme y terminé declarado inocente. Los jueces le dijeron a esa Fiscalía: «Ustedes están actuando fuera del derecho». La sentencia —le leo la sentencia— le dijeron a esa fiscal: «Falta de rigor, prueba mal presentada”, dijo.
La sucesión también está marcada por causas pendientes de resolución. Entre ellas está el caso SQM, cuyo recurso de nulidad se encuentra en estudio luego de la absolución dictada en el juicio.
Si la resolución no se conoce antes del término del periodo de Perivancich, el proceso podría extenderse hacia la administración de su sucesor.
A esa carga se suman las investigaciones por presuntas gestiones para influir en nombramientos del Poder Judicial, en el contexto de las aristas derivadas del caso Audio y de las actuaciones atribuidas a Luis Hermosilla y otros intervinientes.
En círculos judiciales, la Fiscalía Regional ha recibido el apodo de “la sepulturera”, expresión crítica que alude a la percepción de que investigaciones de alta connotación no han tenido el avance esperado.
Quien asuma la jefatura deberá conducir una fiscalía con una amplia carga territorial, responder por sus indicadores y dar continuidad a investigaciones complejas, en un escenario donde la confianza pública en la persecución penal estará bajo escrutinio.