Tras una doble jornada de debate, que se extendió hasta pasadas las 19:00 horas, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de Sala Cuna Universal, que ahora continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda.
La instancia completó la votación en particular del articulado y sus indicaciones, en medio de diferencias por el financiamiento de la iniciativa, la posibilidad de que las familias deban asumir copagos y los recursos destinados a la educación parvularia pública.
La fórmula aprobada contempla una cotización del 0,30% de cargo del empleador para financiar el Fondo de Sala Cuna, compensada con una reducción de 0,15 puntos porcentuales en el aporte al Fondo de Cesantía Solidario y otros 0,15 puntos en las cuentas individuales del Seguro de Cesantía.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió el mecanismo, asegurando que es sostenible en el tiempo. Además, destacó que la iniciativa busca eliminar la exigencia de contar con al menos 20 trabajadoras por empresa para acceder al beneficio, una disposición que vinculó con las dificultades de inserción laboral femenina, en un escenario en que el desempleo de las mujeres alcanza el 10,5%.
“Son 109 años de discriminación en contra de las mujeres. El artículo 203 es una barrera que no da para más en el Chile de hoy, sobre todo con una tasa de desempleo femenino de 10,5%”, puntualizó.
Sin embargo, el diputado socialista Nelson Venegas cuestionó que parte del financiamiento provenga del Seguro de Cesantía y advirtió sobre la posibilidad de que las familias deban asumir copagos. A su juicio, la reforma termina trasladando costos a los trabajadores y las familias.
“Un derecho social que estaba destinado principalmente a los niños y a las niñas para que tuvieran acceso igualitario desde su más temprana infancia, un derecho que estaba consagrado a que las mujeres también pudieran participar en el mercado del trabajo, lo transformaron en un negocio”, criticó.
Otro de los puntos que generó diferencias fue el aporte de equidad destinado a los jardines infantiles que operan mediante transferencia de fondos, sin extender este mecanismo en los mismos términos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y a la Fundación Integra. Desde el Ejecutivo argumentaron que ambas instituciones cuentan con sistemas de financiamiento propios.
En otra de las votaciones, la comisión rechazó una indicación que buscaba permitir el acceso al fondo a establecimientos que cuentan con autorización de funcionamiento, pero que no disponen de reconocimiento oficial.
Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado republicano José Carlos Meza, valoró el despacho de la iniciativa y defendió la fórmula de financiamiento, asegurando que no incrementará los costos de contratación, ya que contempla una redistribución de los aportes que actualmente realizan los empleadores.
“Además, habremos logrado reponer una fórmula de financiamiento que es responsable, sustentable y sostenible en el tiempo, que no aumenta los costos de contratación. Hemos logrado finalmente eliminar una discriminación histórica que sufrían las mujeres”, valoró.
Pese a su despacho desde la Comisión de Trabajo, el proyecto de Sala Cuna Universal todavía no es ley. La iniciativa deberá ser revisada por la Comisión de Hacienda y posteriormente votada en la Sala de la Cámara, antes de continuar con las etapas legislativas que correspondan.
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