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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El proyecto de Sala Cuna pasó a la Cámara de Diputados y el Ejecutivo debe presentar indicaciones este viernes 30 de octubre. La discusión se centra en su financiamiento: el Gobierno propondría reducir de 0,35% a 0,3% la cotización patronal, compensándola con menores aportes al seguro de cesantía. También se evalúa fijar tasas según el tamaño de las empresas, con un aporte adicional para las grandes. Aún no se define si habrá copago; de existir, se plantea un suplemento para familias del 60% más vulnerable.

La Sala Cuna está en una etapa clave de su tramitación en el Congreso. Ya avanzó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados justo cuando este viernes 30 de octubre vence el plazo para que el Ejecutivo presente sus indicaciones.

El debate está concentrado casi en un 100% en cómo financiar el nuevo sistema, para garantizar que sea efectivamente accesible para todos, aún más cuando el desempleo femenino sigue sobre el 10%.

De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío, los cambios del Ejecutivo considerarían que la cotización total del Fondo bajaría de 0,35% a 0,3%, de cargo del empleador, y se financiaría con una rebaja de 0,15%, tanto en lo que se destina a las cuentas individuales de cesantía como en lo que va al Fondo de Cesantía Solidario.

Así, la cuenta individual baja de 1,6% a 1,45% y el fondo solidario de 0,8% a 0,65%, sin que aumente el costo laboral.

Esta fórmula reduce el recorte a las cuentas individuales respecto de la indicación presentada en el Senado, que lo fijaba en 0,2%.

Sin embargo, ayer en el Congreso el ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó estar en reuniones con la oposición y no quiso adelantar nada sobre dichas indicaciones.

Categoría de las empresas

En el debate político hay una propuesta que acerca posturas y que plantea que la cotización al Fondo de Sala Cuna se diferencie según la categoría de las empresas, medida por su facturación anual en Unidades de Fomento (UF).

Y para eso se dividiría en tres tramos. En el primero están las micro y pequeñas empresas, que pagarían un 0,25% de la planilla, que a su vez se financia de la Cuenta Individual de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario, que aportan un 0,1% y un 0,15% respectivamente.

En el segundo tramo están las medianas empresas, donde la cotización subiría a un 0,35%. El Fondo de Cesantía Solidario mantiene su 0,15%, y es la cuenta individual la que sube al 0,2%.

Finalmente, las grandes empresas serían las más exigidas, con un 0,45%. Conservan esa misma distribución del tramo anterior y agregan un 0,1% extra, que saldría directamente del bolsillo del empleador. Es el único caso en que la propuesta contempla un costo para la empresa.

La diputada del PDG Tamara Ramírez sostuvo que, tras reunirse en el Congreso con el ministro Rau, se logró avanzar en que se acogieran algunas de las ideas propuestas por la parlamentaria.

Como el costo del servicio varía entre territorios, aún no se sabe si habrá copago. Si lo hay, el Gobierno propone un suplemento solidario para las familias del 60% más vulnerable.