Este jueves 12 de noviembre, 15 días después del anuncio de la oposición, las bancadas opositoras ingresaron la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena y su respuesta a los requerimientos de información del Congreso.
La ofensiva había sido anunciada el 28 de octubre, tras la sesión especial de la Cámara sobre los beneficios cuestionados.
De acuerdo con una minuta de la oposición, a la vista de La Radio, el libelo se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, contenida en el artículo 52 N° 2, letra b), de la Carta Fundamental; y abre una tramitación que podría terminar con la destitución del secretario de Estado, si la acusación prospera en la Cámara y posteriormente en el Senado.
La presentación se concreta después de semanas de cuestionamientos por las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad, mientras el presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro.
Los tres capítulos de la acusación constitucional contra Rabat
Los argumentos preparados por la oposición apuntan a las rebajas otorgadas a agresores sexuales de menores, los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y eventuales incumplimientos en la entrega de información para fiscalizar esas decisiones.
El diputado Raúl Leiva (PS) había adelantado que este último punto forma parte del documento. “El tercer capítulo de esta acusación constitucional dice en relación con los deberes que tienen los ministros con los órganos de fiscalización”, afirmó.
Antes del ingreso, la oposición también enfrentó preguntas por el tiempo que tomó preparar el documento. Leiva defendió el trabajo de los equipos jurídicos:
“Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad”, señaló. Además, destacó el aporte de las investigaciones periodísticas: “Esta acusación se basa en gran parte en el trabajo investigativo de la prensa”.
Con el ingreso del documento, la disputa pasa ahora de los anuncios a la tramitación parlamentaria, donde deberán examinarse los fundamentos de la acusación y la defensa del ministro.
Capítulos de la acusación constitucional contra ministro Rabat
Capítulo I:
Las rebajas que la ley prohibía
El primer capítulo se centra en las 56 rebajas de condena que el Ministerio concedió entre junio y septiembre a personas condenadas por violación y abuso sexual de menores de edad. La minuta consigna que la Ley N° 21.421, de 2022, “los excluye expresamente del beneficio”. La acusación individualiza 22 decretos conocidos por la prensa y subraya que “ninguno se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva”.
El texto sostiene que el ministro concedió esos beneficios “pese a que el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856, modificado por la Ley N° 21.421, lo prohíbe expresamente”. Añade que la ley dispone que sus beneficios “no tendrán lugar en caso alguno” para estos delitos y que el reglamento ordena dictar el decreto de rechazo cuando concurre la causal.
La minuta también imputa al ministro haber desatendido el interés superior del niño. Señala que el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430 obligan a considerarlo primordialmente. “Ningún decreto lo pondera, y no consta que las víctimas fueran escuchadas o informadas”, afirma el documento.
El libelo agrega que el ministro cometió abuso de poder al convertir fallos favorables a algunos condenados en una regla general. “Las sentencias sólo obligan en la causa que resuelven”, recuerda, y apunta que invocó la eficiencia y “la conveniencia de evitar la judicialización”. También le reprocha haberse abocado a causas pendientes y haber infringido la ley por omisión al suspender la tramitación de las postulaciones.
Capítulo II:
Tres agentes de la dictadura en libertad
El segundo capítulo aborda la reducción de penas de tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. Según la minuta, el Ministerio aplicó solo la Ley N° 19.856 y no hizo el examen individual que exigen la Constitución y los tratados para evaluar si los condenados habían colaborado con la justicia, si reconocían los hechos, si contribuyeron a la reparación de las víctimas y qué efectos tendría su salida sobre ellas. Uno de los beneficiados fue condenado por el secuestro de cinco personas que siguen desaparecidas.
El documento consigna que los decretos declaran que el Ministerio “no está habilitado para denegar el beneficio (…) fundado en la gravedad del delito”. Frente a ello, recuerda que “la Comisión Interamericana le pidió a Chile justamente lo contrario”. También apunta que el ministro se apartó sin explicación del criterio aplicado por el ministerio: coautores del mismo crimen recibieron respuestas opuestas, con rechazo en 2025 respaldado por la Corte Suprema y concesión en 2026 por Rabat.
La minuta subraya que el ministro tenía la competencia para resolver en sentido contrario. “La ley le encarga otorgar o rechazar el beneficio, su ley orgánica le encarga revisar la normativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y su ministerio rechazó estas rebajas en 2025”, sostiene el texto.
El documento advierte que la rebaja es definitiva y que los tres condenados ya están libres. Sostiene que volver a reducir estas penas expone al Estado a una nueva responsabilidad internacional y que la decisión afecta a familias de personas desaparecidas. Añade que la medida la adoptó precisamente el ministerio encargado de proteger los derechos humanos.
Capítulo III:
La información ante el Congreso
El tercer capítulo se enfoca en la información que el ministro entregó al Congreso. La minuta consigna que ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y ante la Sala de la Cámara, el 28 de octubre, Rabat afirmó que su cartera “simplemente formaliza” lo que deciden las comisiones de reducción de condenas y que la Corte Suprema lo obligaba. Además, exhibió un decreto del gobierno anterior que, según el documento, no era comparable.
El libelo imputa a esa conducta una infracción al principio de probidad. Cita el artículo 8° de la Constitución, que obliga a cumplirlo estrictamente, y el artículo 52 de la Ley N° 18.575, que exige “un desempeño honesto y leal de la función o cargo”. “No hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos”, afirma el texto.
La minuta agrega que el ministro faltó a la verdad ante el órgano que lo fiscaliza, en sesiones transmitidas por televisión. Señala que algunos parlamentarios difundieron el decreto de 2025 como si la víctima fuera una niña y que el ministro sabía que no eran casos comparables, porque su ministerio litigó esos amparos y el decreto estaba en sus archivos. “No corrigió ni rectificó la información”, consigna el documento revisado por este medio.
La acusación constitucional llega después de que el presidente José Antonio Kast reconociera el 26 de octubre que la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores fue “nuestro propio error”. Pese a ello, mantuvo al ministro en el cargo y le encargó presentar medidas y soluciones.
Mientras que el pasado 28 de octubre, la Cámara aprobó una resolución que pide al Presidente la salida del ministro y de los dos subsecretarios. En tanto, el vocero Gonzalo Arenas pidió a los partidos oficialistas no votar a favor de la acusación.
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